La tasa de actividad  de las personas con discapacidad es mucho más baja que en el resto de la sociedad, lo que “exige un nuevo marco jurídico que favorezca su incorporación al empleo y posibilite que su tasa de actividad se sitúe en torno al 50% en los próximos cinco años”, manifiestó Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, durante su comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Senado, el 19 de septiembre,defendiendo, junto a Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), una legislación que favorezca la contratación de personas con discapacidad y su inclusión social en todos los ámbitos.

Luis Cayo Pérez urgió a acabar con la “exclusión sistémica y estructural” del colectivo

 Alberto Durán expuso ante los senadores la labor que se está llevando a cabo desde la ONCE, su Fundación y el grupo de empresas ILUNION, y se mostró convencido de que “el nuevo marco jurídico nos debe dotar de las condiciones necesarias para que seamos capaces de crear empleo para 150.000 personas con discapacidad y, de esta forma, alcanzar una tasa de actividad del 50%”.

Además, considerando que en la Cámara Alta se está debatiendo la ley de contratos del sector público, pidió también que se consolide la imposibilidad de concursar para el Estado o de recibir subvenciones a las empresas que incumplan la cuota de reserva o las medidas alternativas, y en esta línea reclamó “que se establezca una cuota de reserva en favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social”.

Por otro lado, consideró necesario promover la participación de las entidades sociales en la prestación de servicios sociales para las personas con discapacidad, y apuesta por una educación inclusiva con medios, “puesto que es el mejor modelo para que el futuro sea mejor que el presente”. 

Contra la exclusión sistémica y estructural

Por su parte, el presidente del CERMI, desde un enfoque más genérico, manifestó que “la exclusión sistémica y estructural de las personas con discapacidad, con dificultades severas de acceso a bienes sociales básicos y al ejercicio regular de derechos fundamentales, hace necesario que en la acción política y legislativa esté presente la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos humanos, de inclusión y de extensión del bienestar. Es el momento y no se puede desaprovechar”, recalcó.

Pérez Bueno comenzó su intervención expresando la “satisfacción” del CERMI por la creación con carácter de permanente y legislativo de esta nueva Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, creada antes del verano último, y que, junto a la que ya existía en el Congreso, “contribuirá a que los derechos humanos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias estén en mejores posiciones en la agenda política”, dijo.

Entre las prioridades planteadas por el presidente del CERMI para esta legislatura se encuentra la de reformar la Carta Magna para constitucionalizar los derechos sociales como fundamentales, así como la aprobación de una ley estatal de garantía de los derechos sociales y otra de carácter orgánico para adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También urgió a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para acabar con la privación del derecho al voto que sufren casi 100.000 personas en España por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, lo que vulnera la mencionada Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Educación, empleo y accesibilidad

Para avanzar en la implementación de dicho tratado en España, hizo también una llamada  a los grupos parlamentarios de cara a reformar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y establecer un único sistema educativo inclusivo, evitando la segregación por razón de discapacidad que genera la falta de apoyos en el sistema ordinario, reconvirtiendo los actuales centros de educación especial pero aprovechando "su amplio conocimiento y experiencia”.

En línea con la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’, Pérez Bueno recordó que el plazo legal para que todos los entornos, bienes y servicios de interés sean accesibles concluye en menos de tres meses. Exigió además la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que ninguna persona con movilidad reducida se vea limitada a la hora de entrar y salir libremente de su domicilio por la existencia de barreras arquitectónicas. Y expuso la necesidad de aprobar una ley a nivel nacional que obligue a que exista personal de atención en todas las gasolineras para que los conductores con movilidad reducida no encuentren barreras a la hora de repostar.

Instó asimismo a crear el 'Fondo para la Accesibilidad Universal', que se nutriría destinando el 1% de los Presupuestos del Estado en materia de Fomento y Agenda Digital y de los ingresos de las sanciones económicas de la Administración General del Estado por infracciones en materia de accesibilidad.

Por otra parte, ha lamentado que todavía las personas con discapacidad sufran un nivel de exclusión del mercado laboral superior al resto de la población. Para revertir esta situación, ha exhortado al Ejecutivo y al Legislativo a impulsar medidas que sirvan para elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad en cinco años, del 38% actual al 50%.

Igualmente, ha prestado especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad (el 60% del total de la población con discapacidad en España), exigiendo que se tengan en cuenta sus necesidades específicas, y haciendo especial hincapié en que es necesario que las víctimas de la violencia de género con discapacidad encuentren los apoyos necesarios a la hora de denunciar y salir de la situación de violencia.

Reforzar la lucha contra el juego ilegal; la reforma de la Ley del Jurado para que las personas con discapacidad puedan disponer de los ajustes razonables suficientes para formar parte de un jurado popular en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía; legislar para que las personas con discapacidad gocen de la misma capacidad jurídica ante la ley; supresión de la esterilización forzosa en el Código Penal; eliminar el internamiento no voluntario de personas con discapacidad psicosocial; y la creación de un espacio sociosanitario común para mejorar la atención que reciben las personas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) han sido otras demandas planteadas por el presidente del Comité.

También en el ámbito sociosanitario volvió a poner de manifiesto la necesidad de actualizar el Catálogo Ortoprotésico y la importancia de reforzar el Sistema de Atención a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, una vez ha transcurrido más de una década desde su aprobación. En este sentido ha recordado que la iniciativa legislativa popular, promovida por el CERMI para modificar los actuales criterios de copago, está pendiente de ser tramitada en el Parlamento después de haber recabado el apoyo de casi 740.000 españoles.

Por último, ampliando el foco más allá de la discapacidad, el responsable del CERMI ha pedido “reinventar el modelo de sostenimiento” para la financiación del Tercer Sector de Acción Social después de que el sistema que ha funcionado durante muchos años haya dejado de estar vigente por una sentencia del Tribunal Constitucional.

Réplica parlamentaria

Por parte de los grupos parlamentarios, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos puso el acento en la necesidad de implementar un único modelo de educación inclusiva y destacó que “el motor de nuestra acción legislativa tiene que ser algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil, como la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se insta a los estados firmantes del tratado a garantizar la igualdad de las personas con discapacidad”.

Isabel Sánchez, del PP, resaltó la necesidad de que la empleabilidad de las personas con discapacidad siga incrementándose y subrayó que se siente “orgullosa” de que el Gobierno, entre otras acciones, haya adoptado diferentes medidas para abonar el pago de facturas pendientes a organizaciones sociales.

Desde Unidos Podemos, la senadora Virginia Felipe centró su atención en los incumplimientos en materia de accesibilidad por parte del Estado, lo que en su opinión, “vulnera los derechos humanos” de las personas con discapacidad. Y Nerea Ahedo, del PNV, mostró el compromiso de su grupo para “trabajar en todo lo que queda por hacer”, mientras el senador socialista Nemesio de Lara exponía algunas preocupaciones concretas como la inaccesibilidad del teléfono 112.