El Congreso de los Diputados “tomó en consideración” -a propuesta de la Asamblea de Madrid-, una proposición para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y garantizar a “todas” las personas con discapacidad su derecho a elegir a sus representantes en las urnas como cualquier ciudadano. El origen fue una iniciativa del grupo socialista en el Parlamento madrileño, aprobada por unanimidad en junio por la Cámara regional y que ahora se ha hecho llegar a las Cortes Generales.

La diputada autonómica Mónica Silvana González (del PSOE), que defendió la propuesta en el Congreso, el 7 de noviembre,  junto a Alfonso Serrano (del PP) y Beatriz Gimeno (Podemos), señaló que “en nuestro país, aún hoy, el derecho a voto de este colectivo no está garantizado pese a lo que establece la Convención Internacional de la ONU que fue ratificada en 2008 por el Parlamento español. Es más, nuestro ordenamiento jurídico expone abiertamente su exclusión”, denunció Mónica Silvana.

La medida es una histórica reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que explica la existencia en nuestro país de alrededor de 100.000 habitantes (unos 10.000 sólo en Madrid) excluidos del voto por estar afectados por alguna limitación intelectual. Una regulación “claramente discriminatoria” en opinión del CERMI, que lo calificó como “grave déficit democrático”.

La modificación planteada afecta a varios párrafos de la Ley Electoral, de modo que se elimina la discrecionalidad de los jueces para establecer procedimientos de incapacitación legal y privación del derecho de voto para los miembros de este colectivo. El caso más paradigmático de este conflicto fue el de Mara, una joven gallega con síndrome de Down cuya familia recurrió a la justicia para reclamar que pudiera participar activamente en los comicios y que recibió sendas negativas del Tribunal Constitucional y del Supremo. El asunto se encuentra en estos momentos en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“Las personas con discapacidad son miembros de la sociedad y, por tanto, titulares de derechos y libertades y capaces de tomar decisiones y defender sus intereses. Y es responsabilidad nuestra, de los representantes que hemos sido elegidos democráticamente para conformar las instituciones, garantizar que esos derechos que tienen no sean vulnerados”, defendió la representante del PSOE.

La proposición de ley será ahora remitida a comisión para debatir y votar las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios. El dictamen y, en su caso, las enmiendas y votos particulares que se mantengan vivos se elevarán a Pleno, donde es necesario el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara antes de seguir su tramitación en el Senado.

El CERMI aplaude la esperada tramitación

Los representantes del CERMI, encabezados por su presidente, Luis Cayo Pérez, han  aplaudido que se haya comenzado con el “cierre del ‘Guantánamo’ electoral en el que viven unas 100.000 personas con discapacidad en España que están privadas del derecho al voto”.

Pérez Bueno, que asistió al debate desde la tribuna de invitados, mostró su deseo de que “la reforma legal se apruebe en los términos en que ha sido impulsada por la Asamblea de Madrid, ya que se ajusta perfectamente a nuestra Constitución, y sobre todo, permitirá que el Estado español deje de incumplir la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Dicho tratado, que es de obligado cumplimiento por parte de los países que lo ratifiquen, reconoce el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

“Es necesario que se devuelva automáticamente el derecho de voto a todas las personas, porque de lo contrario, estaríamos obligándolas a atravesar largos procesos judiciales”, señaló el presidente del CERMI, haciendo hincapié en la urgencia de que esta parte de la ciudadanía deje de estar excluida de la participación en democracia, “ya que esto no puede seguir así ni un solo momento más”, dijo.