La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entra en vigor el viernes 9 de marzo, “tendrá un efecto social e integrador” en favor de colectivos como el de mujeres o el de personas con  discapacidad, aseguró el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, al inaugurar la jornada ‘Los compromisos sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Una oportunidad de fomento de empleo de trabajadores con discapacidad’, el pasado 27 de febrero en Madrid. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que preside el Foro de la Contratación Socialmente Responsable (Foro CON R), convocante del acto, explicó que se trataba de una iniciativa de la sociedad civil para analizar las principales novedades de esta normativa y promover todas las posibles mejoras en su aplicación. 

Entre otras personalidades y representantes de la economía, la empresa y el Tercer Sector, asistieron también el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y el consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro.

Montoro recalcó el gran consenso obtenido por la nueva ley y el momento de estabilidad presupuestaria de las administraciones en el que se aprueba, asegurando que “no hay excusas ni pretextos para ahorrar en términos de costes en lo social”. Y para hacerlo realidad aseguró que el Gobierno velará por la aplicación de la nueva norma que, entre otros objetivos, se propone acabar con las desigualdades en el acceso al empleo de mujeres o de personas con discapacidad: “estaremos muy vigilantes para que se cumpla con esta deuda social”, afirmó. 

Como presidente del Foro CON R, Rodríguez Zapatero explicó que este punto de encuentro y colaboración público-privada (creada en 2010 con el aval y el apoyo de la ONCE y del CERMI) tiene como objetivo central que la contratación contribuya a la cohesión social. Y en ese contexto coincidió con Montoro en que la nueva norma “es una gran ley. Espero que la buena voluntad que ha habido en su tramitación se traduzca en un aplicación moderna, avanzada, socialmente incluyente, ejemplar y de referencia para otros continentes. Puede ser transformadora, innovadora y una gran palanca de cohesión”, celebró el expresidente del Gobierno.

Otras intervenciones

Montoro y Zapatero estuvieron acompañados en la Mesa presidencial por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION; Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI; y Antonio Francisco Pradas, presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.

Alberto Durán se confesó “esperanzado” con la llegada de mejores perspectivas económicas y recordó la labor que desempeñan la ONCE y su Fundación en favor de quienes más lo necesitan. Porque, “para los  excluidos”, advirtió, “nunca hay tiempos buenos”.  Se felicitó de que el Gobierno asuma al Tercer Sector como “un aliado” y del avance que supone esta ley,  “que nos da instrumentos para crear empleo y ser más eficaces”. 

Por su parte, Pradas señaló que uno de los retos más importantes hoy es superar el bloqueo legislativo.  En lo que se refiere a la nueva ley, aseguró que es fruto del debate, la discusión y el trabajo de todos los grupos, mostrando que “la voluntad de acuerdos puede dar frutos en materias tan sensibles como la de la contratación”. Repasó también las principales novedades que introduce, como la oportunidad que se abre a las empresas de la economía social para el suministro de productos y servicios al sector público. Coincidió el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, en que España cuenta con “el mejor sistema de contratación pública desde el punto de vista de la inclusión”, por lo que hizo un llamamiento al Tercer Sector en general y al tejido asociativo de la discapacidad en particular para usar las herramientas y oportunidades que recoge la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Instrumentos -dijo- para hacer efectivo “un cambio social al que estamos obligados como sociedad civil comprometida y responsable”. Y destacó, entre los puntos que contempla la ley, la prohibición de contratar con las administraciones a las empresas que no cumplan con la reserva mínima del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Para hacer realidad en España una contratación pública socialmente responsable, la ley exige el cumplimiento de principios de  integridad y aspectos sociales que garanticen la transparencia, igualdad, concurrencia y una mejor relación calidad precio. Entre otras cuestiones, introduce la prohibición de contratar con el Sector Público a aquellas empresas de más de 50 empleados que no cumplan con la cuota legal de reserva del 2% para personas con discapacidad en sus plantillas, la posibilidad de incorporar de manera transversal y preceptiva cláusulas sociales, así como la reserva de un porcentaje mínimo de determinadas actividades a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.