La Plataforma española del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC España) ha acogido con satisfacción las recomendaciones realizadas por dicho Comité de la ONU, valorando “el profundo impacto de la crisis financiera internacional en la economía y en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, y culturales en el Estado español”, e instando en consecuencia a los poderes públicos de nuestro país a adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos.

Los días 21 y 22 de marzo España rindió cuentas en Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento, protección y defensa de los DESC en el periodo 2012-2016. Tras escuchar al Gobierno español y a las organizaciones de la sociedad civil (entre ellas el informe de la Plataforma DESC, apoyado por más de 150 entidades) y realizar un exhaustivo análisis de situación, dicho Comité aprobó el 29 de marzo las observaciones finales al sexto informe periódico de España, que muestran su preocupación por la drástica reducción del gasto público en el ámbito social y “la prolongación de la aplicación de algunas medidas de austeridad” que afectan “desproporcionadamente a los grupos y personas más desfavorecidos y marginados”.

Entre ellas, el Comité de la ONU destaca las que dañan la situación de “mujeres, niños, personas con discapacidad, los gitanos y romaníes, así como los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes”. Se recalca su alto riesgo de caer en la pobreza y exclusión social, los elevados índices de abandono escolar temprano (“el segundo más alto de la UE”) o la disparidad entre Comunidades Autónomas condicionadas por el obstáculo que “ciertas decisiones del Tribunal Constitucional” plantean a las que pretenden otorgar sus propios recursos para mejorar protecciones sociales a los derechos del Pacto DESC que se plantean a nivel nacional.

Asuntos como la brecha salarial entre hombres y mujeres, las altas tasas de desempleo (especialmente entre los jóvenes) y sus repercusiones sobre las condiciones laborales, la precariedad y las condiciones de trabajo son analizadas por este órgano social de la ONU, cuyo informe incluye también -a modo de observaciones finales- una serie de recomendaciones para que España adapte su legislación nacional a los Tratados Internacionales de derechos humanos.

Recomendaciones

Cabe destacar las relativas a:

• Garantizar que los DESC cuentan con el mismo nivel de protección que los derechos civiles y políticos y promover su aplicabilidad en todos los niveles del sistema judicial, inclusive mediante el recurso de amparo, lo que implica un cambio constitucional.
• Adoptar una ley integral de no discriminación que garantice una protección suficiente, incluyendo explícitamente todos los motivos de discriminación prohibidos. Que defina la discriminación múltiple, así como directa e indirecta; prohíba la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado; e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, inclusive por medios judiciales y administrativos.
• Derogar el artículo 315, párr. 3 del Código Penal, para evitar la persecución penal de trabajadores que han participado en huelgas.
• Elaborar y adoptar una estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2018-2020.
• Reglamentar el mercado privado de la vivienda y modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos.
• Adoptar un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevar a cabo desahucios o desalojos forzados, que incorpore los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como las debidas garantías legales y procesales para los afectados.
• Derogación de las disposiciones del Real Decreto-ley 16/2012 que han supuesto retrocesos en la protección del derecho a la salud y asegurar que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios.

Estas recomendaciones han de ser atendidas por los poderes públicos españoles para cumplir con las obligaciones del Pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales. Por lo que se exige “un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el seguimiento de estas recomendaciones y dictámenes del Comité”. Al tiempo se solicita mejorar la “capacitación” en este tipo de derechos dirigida a jueces, fiscales, funcionarios públicos y otros operadores de la administración de justicia.