Lleva 20  años  trabajando denodadamente por visibilizar a las mujeres y niñas con discapacidad, siendo la voz de sus derechos como personas con discapacidad y como mujeres plenas. En estos momentos, la española Ana Peláez, consejera general de la ONCE, vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), entre otras responsabilidades, está inmersa en plena campaña para convertirse en la primera mujer con discapacidad en el Comité de la ONU encargado de hacer el seguimiento de la Convención Contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés.

Amaya Granja y Beatriz Martínez, técnicos de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), viajaron del 1 al 8 de abril a la capital nicaragüense de Managua, así como a algunos otros de sus municipios, para supervisar los proyectos que están desarrollando en este país y establecer contactos con las organizaciones de personas ciegas más representativas.

En el ámbito educativo, las técnicos de la FOAL han supervisado el grado de  inclusión y atención educativa que actualmente está recibiendo la población escolar con discapacidad visual de aquel país, que desde 2006 tiene en marcha un Centro de Recursos Educativos, fruto del acuerdo entre FOAL y la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de Nicaragua.

En este ámbito, FOAL se encuentra desarrollado además -junto a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad nicaragüense, FECONORI- un  proyecto para el que se está recabando financiación de la Unión Europea y que, tras haber desarrollado su primera fase, se presenta este 17 de abril bajo el título  ‘Todos juntos por el Derecho a la Educación y la Formación Inclusiva’. Su objetivo general es mejorar el acceso y calidad de la educación y formación para el empleo de los estudiantes con discapacidad, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de este colectivo en la sociedad nicaragüense.

La Plataforma española del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC España) ha acogido con satisfacción las recomendaciones realizadas por dicho Comité de la ONU, valorando “el profundo impacto de la crisis financiera internacional en la economía y en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, y culturales en el Estado español”, e instando en consecuencia a los poderes públicos de nuestro país a adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos.