Por fin se ha dado un giro significativo al tratamiento fiscal de los premios grandes y medianos repartidos por las loterías españolas, fundamentalmente las comercializadas por Loterías del Estado (SELAE) y por la ONCE, es decir, el juego público. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado han introducido una enmienda a su proyecto original que incorpora la elevación del mínimo exento para estos premios repartidos por las loterías hasta los 10.000 euros en lo que queda de año, que se elevarán además a 20.000 y 40.000 euros en 2019 y 2020, respectivamente. Bienvenida sea esta medida que palia en parte el discriminatorio trato fiscal que este último lustro han tenido que arrostrar -curiosamente- las modalidades de juego con mayor y más clara dimensión social de nuestro país.

Más allá de la controversia teórica respecto a la posible ‘doble fiscalidad’ que implica la retención de un 20% de los premios, que hasta ahora se aplicaba sobre todo el montante del premio que sobrepasara los primeros 2.500 euros, estamos ante una decisión de justicia con estos agentes del mercado del juego frente a otras modalidades, como son los juegos gestionados telemáticamente, y en especial los vinculados a las apuestas deportivas. Su desembarco en nuestro país ha sido meteórico y su difusa fiscalidad transnacional continúa generando dudas y debates dentro y fuera de nuestras fronteras.

El propio director general de Ordenación del Juego (Ministerio de Hacienda) reconoce en declaraciones a ‘Así Somos’ este cambio de escenario y la conveniencia de apoyar a agentes como la ONCE (y, de paso, también a las propias apuestas estatales) que permite sostener el modelo de su Grupo Social, cuya tarea no duda en calificar de “prioritaria”.

Por otro lado, si, como cabe esperar, esta medida deriva una positiva repercusión en los índices de ventas de loterías, ello incrementaría directamente los ingresos (de SELAE y, esperemos, también de la ONCE) por este concepto. Compensando probablemente a Hacienda su merma de recaudación por gravamen sobre los premios. Una rebaja que los propios técnicos fiscales de la Administración estiman en 100 millones de euros para este ejercicio, pues no olvidemos que el montante superior a 10.000 euros en los premios de estos sorteos seguirá tributando en 2018 al 20% para las arcas del Estado.