La consejera Aurelia Sánchez presenta el proyecto de Ley que garantizará su acceso a los diferentes entornos

El pasado 1 de agosto, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, anunció la aprobación definitiva del Anteproyecto de Ley de acceso al entorno de personas con discapacidad acompañadas de perro de asistencia (que actualiza la normativa de 1994) y que confía pueda ser en breve aprobado por el Parlamento autonómico. En la región hay registrados 21 perros guía, cuyo número se prevé crezca significativamente dada la demanda existente, según comentó la consejera, que anunció también que la creación de un registro de perros de asistencia.

Porque la futura norma incluye no sólo a los perros guía de que se valen las personas ciegas, sino también los de señalización de sonidos para quienes tienen discapacidad auditiva, los de servicio para discapacitados físicos, los de ‘aviso’ para enfermos de diabetes o epilepsia y los que acompañan a personas afectadas por trastornos del espectro autista.

Sánchez recordó que los perros de asistencia han de pasar un proceso físico y sanitario de selección y una etapa de adiestramiento en una entidad oficialmente homologada (como la Escuela de la Fundación ONCE del Perro-Guía), y destacó que el texto de la proposición se ha elaborado de la mano de las entidades representativas de las personas con discapacidad, como el CERMI o la ONCE, las Consejerías de Sanidad, Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Fomento, así como contemplando los criterios y aportaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los agentes sociales a través del Consejo Asesor, el Consejo Regional de Municipios, el Consejo Regional de Consumo y los empresarios de la región.

Según se ha anunciado, la Ley ampliará los lugares de acceso de estos animales, para garantizar la actividad laboral de sus usuarios, afectando también a espacios de titularidad privada de uso colectivo, como comunidades de vecinos, centros comerciales, religiosos o de culto, espacios naturales donde se prohíba el paso a los animales, piscinas, museos, bibliotecas, cines, exposiciones o archivos. Se incluye la posibilidad de que la persona con discapacidad que tenga un perro de asistencia ya jubilado pueda utilizarlo para tomar el transporte público, "cuando sea totalmente imprescindible". Igualmente se detallan los espacios "muy restringidos" en los que se impedirá el acceso a perros de asistencia, como quirófanos, zonas de cuidados intensivos y de manipulación de alimentos, interior de las piscinas o de las atracciones de los parques de ocio.

El incumplimiento, además, conllevará sanciones de entre 150 y 10.000 euros en función de su gravedad, destacando entre las más altas las derivadas de impedir el acceso o permanencia de personas usuarias con su perro de asistencia al entorno laboral o privar de forma intencionada a una persona de su perro. Y el personal de las administraciones públicas podrá obtener permiso retribuido para realizar cursos de formación sobre esta materia.