El Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que la nueva ley de Protección Integral frente a la Violencia Contra la Infancia, en la que trabaja actualmente el Gobierno, otorgue máxima protección a los niños y niñas con discapacidad. Así lo ha plasmado la entidad en un documento que recoge las demandas y aportaciones del sector de la discapacidad en este aspecto y que ha hecho llegar a través del procedimiento de consulta previa abierto por este Ministerio al anteproyecto de ley. En él,  insta al Gobierno a incluir en la futura ley, medidas de prevención, atención, intervención, toma de conciencia y sanción penal basadas en el reconocimiento de la infancia con discapacidad como un grupo que merece especial consideración ante cualquier tipo de violencia.

El CERMI considera necesarias medidas de prevención como vigilar la exposición pública que pueda comprometer la privacidad, el honor y la intimidad de los menores con discapacidad en medios de comunicación y redes sociales, así como la promoción de la inclusión escolar a través de una reforma de la legislación educativa que garantice la igualdad de los niños con discapacidad.

Medidas específicas

En relación a las medidas de atención, el Comité solicita que se garantice además el acceso integral a la infancia con discapacidad víctima de violencia a la información sobre sus derechos y recursos existentes, promoviendo que sean accesibles en la línea del teléfono de atención 016 y asegurando que los servicios, procesos y centros en los que se atiende a estos menores sean inclusivos y carezcan de barreras.

Del mismo modo, reclama la puesta en marcha de campañas e iniciativas dirigidas a las familias, los profesionales de la salud, el ámbito educativo y el resto de actores del entorno de los menores con discapacidad, que adviertan de la realidad de estos niños y niñas y les doten de recursos para identificar posibles maltratos y abusos. El documento emitido por el CERMI presta especial atención a la situación de las niñas con discapacidad y solicita la erradicación de la esterilización forzosa del ordenamiento jurídico español, así como la articulación de medidas que garanticen una política pública amplia en medidas de prevención y abordaje de la violencia de género que preste especial atención a las menores con discapacidad.

Por otro lado, solicita la creación de medidas de atención temprana articuladas de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad que establece, entre otras cosas, “la prioridad de trabajar con todos los recursos disponibles para que todos los niños y niñas con discapacidad puedan crecer en todas sus aptitudes mentales y físicas”.

Así, la entidad insta al Gobierno a definir la nueva ley de acuerdo a la Convención y a incorporar la atención temprana y el apoyo al desarrollo infantil en el ámbito de su cobertura, con propuestas concretas como la promoción de una Red de Atención Temprana y de Apoyo al Desarrollo Infantil.

Además, la plataforma representativa de la discapacidad en España solicita al Ejecutivo que realice los cambios necesarios que garanticen la accesibilidad de todas las fases del proceso penal, desde la denuncia de los hechos hasta la fase de investigación y enjuiciamiento, así como la modificación del Código Penal de forma que queden garantizados íntegramente los derechos de los menores con discapacidad.