Las aplicaciones para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) de todo el sector público deberán ser accesibles para personas con discapacidad, una vez se aplique el real decreto de accesibilidad a páginas de internet y aplicaciones móviles públicas que, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, aprobó el 7 de septiembre el Consejo de Ministros, y con el que España culmina el proceso de transposición de la Directiva Europea del año 2016, para la que tenía un plazo que expiraba el próximo 26 de septiembre.

Con esa nueva norma, se extiende la obligación de accesibilidad a las aplicaciones móviles de todos los órganos constitucionales, administraciones, organismos, entidades y empresas que integran el sector público. Hasta el momento, el deber legal de accesibilidad digital en España se limitaba a los sitios web públicos, con lo que ahora se amplía a las aplicaciones móviles, canales digitales que han proliferado en los últimos años.