El delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU sobre Discapacidad del Comité Español de Representantes de Personas Con Discapacidad (CERMI), Jesús Martín, considera que deben llevarse a cabo diversas reformas legales en nuestro país para poner fin al modelo de 'centros educativos especiales'. Así lo afirmó en una mesa redonda organizada por Servimedia y por Fundación ONCE en Madrid, el pasado 15 de septiembre, en la que también intervinieron Nuria Manzano, directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional; Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE; y Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España.

También tomaron parte en este encuentro María Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Giner de los Ríos; José Antonio Luengo, del Equipo de Apoyo contra el Acoso Escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid; y Rosana López, ciclista paralímpica del COFIDIS que sufrió acoso en su infancia.

Durante el coloquio, Martín pidió modificar la Ley General de Discapacidad y las principales leyes educativas (LOE y LOMCE) para poner fin a un modelo que permite y regula los centros de educación especial y, por tanto, la segregación del alumnado con discapacidad en un sistema de formación paralelo. “Imagínense lo que diríamos si sucediese lo mismo con niños de otras razas o entre niños y niñas”, razonó. Y recordó la condena a España por parte de Naciones Unidas por el incumplimiento de su Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo tocante a la educación inclusiva.

Recursos para otros fines

A juicio de Martin, las administraciones deberían “dejar de construir nuevos centros de educación especial y destinar estos recursos y todos los necesarios a garantizar que todos los estudiantes con discapacidad reciban los apoyos que precisan para desarrollar al máximo su potencial en el sistema ordinario”. Un proyecto que en su opinión obliga a los agentes a pensar a corto, medio y largo plazo. “No podemos cerrar de golpe todos los centros especiales”, dijo. “Es más, sus recursos y su personal, que tienen una muy amplia experiencia, han de ser aprovechados y, por ejemplo, convertirlos en centros de recursos de referencia”, propuso Jesús Martín.

También Sabina Lobato defendió la escuela inclusiva y un sistema educativo único, y pidió a las administraciones cambios normativos “ya”. Y además de abordar la necesidad de estudiar el impacto del acoso escolar en el alumnado con discapacidad, Lobato señaló la importancia de que “todos los niños convivan con compañeros con discapacidades graves... Porque, ¿cómo vamos a pedirles que de mayores respeten a los discapacitados si nunca los han tratado?”, se preguntó.

Ante este escenario,  Ruth Vidriales destacó que muchas familias se ven en la disyuntiva de elegir entre centros especiales y un centro ordinario en el que sus hijos no tienen garantizados los apoyos y donde son aparcados “para que no den guerra”. Por eso, “antes de reformas legales y de promesas en el aire, pedimos soluciones concretas para asegurar los apoyos y la integración en el día a día”, manifestó. “Este es el problema, que (las familias) no deberían verse obligadas a elegir”, recalcó Martín, para quien “de todas formas, el derecho del niño es el que siempre ha de primar, por encima incluso de la libertad de elección de los padres”. Una idea que también defendió María Carmen Morillas, quien pidió “escuchar a los niños” y dialogar con la comunidad educativa.

Por último, los representantes del Ministerio y de la Consejería de Educación de Madrid resaltaron la voluntad de sus administraciones de promover la inclusión educativa de todo el alumnado con discapacidad y de combatir el acoso.