El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado recientemente su informe ‘Informe España 2017’ en materia de Derechos Humanos y Discapacidad. En él denuncia que los derechos humanos de las personas con discapacidad siguen siendo “una realidad precaria y deficitaria en España, con graves carencias y anomalías que nos alejan como país de unos estándares aceptables”. Igualmente, lamenta constatar, un año más, “la vulneración sistemática y estructural en esferas críticas para la inclusión y el bienestar” de estos colectivos; entre ellas, los derechos políticos, la autonomía económica, la educación, la ausencia de accesibilidad universal, un nivel de protección social mínimamente adecuado o la aportación de recursos que les garanticen un vida independiente.

Especial mención merecen para los autores del Informe las vulneraciones detectadas en el ámbito de las mujeres y niñas con discapacidad, destacando la situación de las víctimas de violencia de género con discapacidad.

Este informe, que el CERMI elabora anualmente en nuestro país a instancias de la ONU, como interlocutor nacional acreditado en materia de discapacidad, pretende ser un reflejo de la situación vivida en España, en concreto en materia de respeto y cumplimiento de la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita y refrendada por nuestro Parlamento.

El Informe denuncia al respecto, la falta de incidencia de las directrices de la Convención sobre nuestras norma (en especial las legislaciones autonómicas) y, en general, la desatención por parte de España de numerosas recomendaciones del Comité de la ONU.

Conclusiones y recomendaciones

Entre las conclusiones que, a modo de recomendación de futuro, presenta el Informe del CERMI se pueden destacar las siguientes:

• La constatación de que el enfoque de los derechos que defiende la Convención sigue sin aterrizar en las leyes y políticas públicas de España.

• La accesibilidad universal es una de las esferas más críticas de 2017. De hecho, la mayor parte de denuncias están referidas a este principio básico, que incluso el propio Estado incumple.

• La admisión y ejercicio de la segregación educativa, que significa no admitir y no respetar los derechos de las personas con discapacidad y vulnerar la Ley. La educación debe ser inclusiva.

• La crisis económica vivida en España provocó que los poderes públicos se retrajeran de su deber de proteger y promover los derechos humanos de las personas con discapacidad, “una cuestión que queda patente en todo lo relativo a la protección social y la autonomía personal”.

• Mientras el impacto de la Convención sobre la legislación estatal ha sido objeto de relevantes estudios doctrinales, la incidencia en la legislación autonómica es una cuestión que ha pasado generalmente desapercibida.

• Respecto a las mujeres y niñas con discapacidad, el informe vuelve a constatar que están sistemáticamente en peor situación que los varones con discapacidad y, por tanto, peor que los hombres y mujeres sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, un 20% del total, no tienen recursos adecuados que den respuesta a sus necesidades, como casas de acogida accesibles o profesionales que conozcan su realidad.

• En términos generales, España ha desatendido las recomendaciones del Comité. Se pueden destacar algunos puntos y cuestiones fundamentales de vulneración de las personas con discapacidad, como esterilización, internamiento involuntario, educación segregada o privación del derecho de sufragio a las personas con discapacidad.

No obstante todo lo dicho, el CERMI también saluda los avances conseguidos, como la reforma que ha permitido a las personas con discapacidad formar parte de la institución del jurado popular; el acceso al matrimonio sin necesidad de un certificado médico; que haya dos recientes sentencias determinantes en materia de derecho a la educación inclusiva; y que los años de reivindicación del ejercicio al derecho al voto empiecen a dar sus frutos, con la toma en consideración de la LOREG.

El CERMI y la Convención

El CERMI fue designado en 2011 por España como mecanismo independiente y de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España. Su cometido se centra en la elaboración de estos ‘Informes España. Derechos Humanos y Discapacidad’, documentos que describen y documentan la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en nuestro país y dan cuenta del grado de cumplimiento de la Convención.