La Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, de la capital dominicana, Santo Domingo, ha acogido recientemente el primer curso para fortalecer el movimiento asociativo de las personas discapacidad en materia de políticas públicas en ese país latinoamericano, una iniciativa que contó con el apoyo y la participación de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

El encuentro sirvió para dar a conocer a toda la red de organizaciones y entidades de personas con distintos tipos de discapacidad -visual, auditiva, intelectual, física o sordoceguera- la legislación nacional e internacional que puede afectarles, desde la perspectiva de discapacidad, para llevar a cabo su análisis desde un enfoque de derechos, partiendo de  la  Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  (CDPD) y la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como la Ley 13-5 sobre Discapacidad del país centroamericano.

La inauguración contó con la participación de representantes de las administraciones públicas y de organizaciones representantes de la discapacidad. Entre ellos, la vicepresidenta ejecutiva de FOAL, la española Ana Peláez, quien resaltó “la importancia de garantizar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y más concretamente de las mujeres, que son objeto de olvido y discriminación múltiple, tal y como establece la CDPD”. Junto a ella intervino el presidente de la Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI), Lino Delgado, quien reivindicó una incorporación transversal de la discapacidad al diseño legal y al desarrollo político y social, “pues el rol de las organizaciones que les representan debe ser fundamental en el diseño y desarrollo de las políticas públicas”.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el tratado que promueve, protege y asegura los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo, va a tener también en España -a partir de este año- su ‘Día’ conmemorativo, el 3 de mayo.

Así lo decidió el Consejo de Ministras y Ministros de nuestro país celebrado el 22 de febrero último, mereciendo la expresa e inmediata felicitación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

La determinación de la fecha del 3 de mayo viene motivada por coincidir con la de la jornada del año 2008 en que la Convención entró oficialmente en vigor, tras lograr el número mínimo de ratificaciones por parte de Estados parte, entre ellos España, exigido por la propia ONU.