La Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, de la capital dominicana, Santo Domingo, ha acogido recientemente el primer curso para fortalecer el movimiento asociativo de las personas discapacidad en materia de políticas públicas en ese país latinoamericano, una iniciativa que contó con el apoyo y la participación de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

El encuentro sirvió para dar a conocer a toda la red de organizaciones y entidades de personas con distintos tipos de discapacidad -visual, auditiva, intelectual, física o sordoceguera- la legislación nacional e internacional que puede afectarles, desde la perspectiva de discapacidad, para llevar a cabo su análisis desde un enfoque de derechos, partiendo de  la  Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  (CDPD) y la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como la Ley 13-5 sobre Discapacidad del país centroamericano.

La inauguración contó con la participación de representantes de las administraciones públicas y de organizaciones representantes de la discapacidad. Entre ellos, la vicepresidenta ejecutiva de FOAL, la española Ana Peláez, quien resaltó “la importancia de garantizar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y más concretamente de las mujeres, que son objeto de olvido y discriminación múltiple, tal y como establece la CDPD”. Junto a ella intervino el presidente de la Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI), Lino Delgado, quien reivindicó una incorporación transversal de la discapacidad al diseño legal y al desarrollo político y social, “pues el rol de las organizaciones que les representan debe ser fundamental en el diseño y desarrollo de las políticas públicas”.

Un guante que recogieron los representantes políticos y de la Administración dominicana presentes en el acto, como el asesor de la Cámara de los Diputados, José Manuel Paulino, que recordó “el importante papel que han jugado las organizaciones de personas con discapacidad en la reforma de la Constitución del país con la introducción del artículo 58, que establece el principio de no discriminación”, o el  representante del Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) en República Dominicana, Guillermo Díaz, quien hizo hincapié en cómo “la unión del movimiento asociativo ha dado sus frutos con la creación de asociaciones fuertes que participan en el avance de las políticas públicas”.

La inauguración del curso contó, por último, con la intervención del director de la Biblioteca Nacional, Diomedes Núñez, como anfitrión, quien  resaltó la importancia de profundizar en el empoderamiento de las personas con discapacidad para, a través de la unión, ir conquistando nuevas cotas en materia de derechos humanos; así como del embajador de la Unión Europea en la isla caribeña, Gianluca Grippa, dado que esta acción forma también parte del proyecto para el Fortalecimiento de Organizaciones de Personas con Discapacidad financiado por la Unión Europea para la implementación de las Observaciones Finales del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según se establece en el plan de acción exterior de la Estrategia Europea 2010-2020.

Jornadas de formación

Tras la inauguración, se impartieron distintas jornadas de trabajo y talleres prácticos orientados no sólo a a profundizar en el conocimiento de la legislación dominicana sobre discapacidad, con especial referencia al ámbito de la educación y el empleo, y al nuevo el Plan Nacional de Equidad de Género 2018-2030, sino también a dotar de herramientas prácticas para realizar enmiendas y otros documentos de trabajo como posibles planes de acción para el futuro. En este caso, la técnico de FOAL, Beatriz Martínez, dirigió varios trabajos con el objetivo de facilitar que puedan “hacer enmiendas a la legislación existente o en fase de desarrollo, introduciendo el enfoque de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los ODS, de modo que este paradigma sea trasladado al trabajo de defensa y garantía de los derechos de una población que aboga por la verdadera aplicación de políticas públicas. También planteamos cómo introducir, en el Plan Nacional de Equidad de Género, el enfoque de la discapacidad, con la participación activa tanto de hombres como de mujeres y generando un interesante proceso de reflexión sobre los roles de género que las personas con discapacidad ocupan en la sociedad”, nos explicó Martinez a su regreso a España.

El curso, en el que  participaron aproximadamente 60 hombres y mujeres con diferentes discapacidades, dirigentes y líderes procedentes de distintas instituciones tanto de la capital, Santo Domingo, como de otras regiones del país, concluyó con el objetivo compartido “de promover la unión del movimiento de personas con discapacidad para que puedan trabajar, a través de la formación de mesas sectoriales, como personas expertas en el diseño y desarrollo de políticas públicas junto a los entes gubernamentales responsables, como el Consejo Nacional de la Discapacidad, así como velar por que la legislación sobre discapacidad se cumpla”, según la técnico española.