La profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad, Esperanza Alcaín, explicó el pasado 11 de marzo que “las Administraciones no sólo están obligadas a implementar la normativa en materia de accesibilidad de páginas webs y aplicaciones móviles del sector público, sino que también tienen que exigir su cumplimiento a toda la sociedad”. Así lo aseguró durante la presentación de una guía jurídica y técnica de orientación para el cumplimiento del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, con el que  se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva UE-2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. Ello incluye, en el caso español, a la Administración General del Estado, administraciones autonómicas y locales, las entidades públicas y privadas dependientes de ellas, las universidades públicas, la Justicia, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Banco de España, entre otros.

La obra ha sido publicada por el CERMI y por la Fundación Derecho y Discapacidad y elaborada por la propia profesora Esperanza Alcaín y por María Asunción Arrufat, doctoranda en la Universidad de Granada y especialista en accesibilidad universal. El acto de presentación se desarrolló en la sede de la agencia de noticias Servimedia, del Grupo Social ONCE, y contó con la participación, además de las autoras, del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, y del director del Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, (CTI), Guillermo Hermida, así como el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, que lo moderó como anfitrión del mismo.

Alcaín explicó el motivo de la publicación, sobre todo facilitar el cumplimiento de la legislación, “para que se puedan cumplir los plazos, porque no sólo contiene información jurídica, sino también criterios técnicos para que las webs y apps sean accesibles”. Reclamó además que se forme a los trabajadores de todas las Administraciones para que conozcan con claridad la normativa, y favorecer así su cumplimiento.

Arrufat destacó por su parte, como uno de los avances más importantes de la legislación el hecho de que la Administración quede obligada a poner en marcha un canal para que las personas con discapacidad puedan solicitar información sobre sus criterios de accesibilidad, pedir material accesible o plantear quejas y sugerencias. “Las personas con discapacidad necesitan la accesibilidad, y eso es algo que se tiene que garantizar. Esta guía es cercana y sencilla para aplicarse”, ha añadido Arrufat.

Accesibilidad desde su origen

Por su parte, el presidente del CERMI expuso que “la transformación digital es profundamente liberadora y emancipadora para las personas con discapacidad, pero para ello -advirtió- tiene que estar concebida y aplicada en clave de accesibilidad universal”, puesto que, de lo contrario, contribuye a aumentar la brecha digital, justo el efecto contrario al deseado. “En cierto modo, la exclusión de las nuevas tecnologías es la muerte social para las personas con discapacidad, porque se nos priva de un bien fundamental en la sociedad, tanto en el presente como en el futuro”, aseguró.

En su opinión, entre los aspectos positivos de la normativa se encuentra el hecho de que por primera vez se extienden las obligaciones a las aplicaciones móviles, algo que sólo afectaba antes a las páginas webs y a las redes sociales. Asimismo subrayó que, con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, las Administraciones no podrán ya contratar servicios que no sean accesibles. Ahora se debe exigir que se cumplan los plazos, “y que, cuando se vulneren los derechos, las personas con discapacidad, las familias y las organizaciones puedan denunciar”, dijo.

Por último, Guillermo Hermida coincidió en la relevancia de que las apps públicas estén también incluidas entre las obligaciones legales de garantía accesible, ya que cada vez más operaciones se realizan a través de dispositivos móviles. A su juicio, se debe garantizar la accesibilidad de todas las opciones, de modo que las personas con discapacidad puedan también elegir libremente cómo conectarse en cada momento.

Hermida hizo en consecuencia un llamamiento para que, cuando se cree una nueva web o una app se tenga en cuenta, desde el principio, el diseño para todas las personas. “Hay que acabar con mitos como que la accesibilidad es cara, porque cuando se hace desde el arranque, no es así. Lo caro es hacer una web no accesible y luego rehacerla para incluir criterios de accesibilidad”, concluyó.