Tras su aprobación, el pasado 13 de marzo por el Parlamento Europeo, la ansiada Acta Europea de Accesibilidad se encuentra a punto de entrar en vigor con su reciente aprobación, el 9 de abril, por parte del Consejo de la Unión Europea. La normativa, pasa así el último trámite institucional comunitario necesario para su puesta en marcha, y vendrá a mejorar, sin duda, la vida de más de 80 millones de personas con discapacidad y mayores, al tiempo que a fomentar la innovación para hacer accesibles todo tipo de bienes y servicios. La norma entrará en vigor una vez sea publicada en el Diario Oficial de la Unión, momento tras el que los Estados miembros tendrán tres años para adaptar su legislación y seis para aplicar los cambios, aunque habrá periodos transitorios para casos especiales.

Como ya avanzamos en este boletín digital, la normativa establece unos requisitos mínimos para hacer más accesibles bienes y servicios tales como los ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas, televisores, cajeros automáticos y servicios bancarios, terminales de pago, libros electrónicos, sitios web de comercio electrónico, aplicaciones móviles y máquinas expendedoras de billetes. También asegurará que las autoridades nacionales de vigilancia del mercado tengan la competencia para responsabilizar a las entidades privadas sobre la accesibilidad de sus bienes y servicios. Esta Directiva cumple igualmente con dos importantes demandas del movimiento de la discapacidad: la accesibilidad a las telecomunicaciones electrónicas y al número 112 de emergencia para todos y en toda la UE.

No obstante, el texto no impone soluciones técnicas detalladas y además excluye a las microempresas de algunas obligaciones.Tampoco recoge aspectos importantes como los medios de transporte -infraestructuras y vehículos- o los electrodomésticos. Igualmente se han quedado fuera del marco de la Directiva la accesibilidad de las instalaciones en las que se ofrecen bienes-servicios, como por ejemplo rampas, puertas, baños públicos y escaleras, a fin de que los entornos construidos o por construir sean siempre accesibles para las personas con discapacidad. En este ámbito, la Unión se limita a instar a los Estados miembros a que estandaricen sus exigencias.

Armonizar la normativa

En la actualidad, las medidas adoptadas por los Estados miembros para facilitar el acceso a las personas con discapacidad son divergentes en el contexto de los países que integran el Mercado Interior. El Acta Europea de Accesibilidad busca precisamente evitar esta fragmentación a través de la armonización normativa, una herramienta con la que la UE trata de avanzar hacia el cumplimiento total de los requisitos de accesibilidad determinados por el artículo 9 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vinculante en toda la UE al haber sido firmada y ratificada tanto por ésta como por todos sus Estados miembros. Los requisitos de la Directiva respaldarán también las normas de contratación pública para productos y servicios accesibles, de modo que las autoridades públicas ya no utilicen el dinero de los contribuyentes en productos, servicios e instalaciones que discriminan a las personas con discapacidad. En definitiva, pese a sus carencias, supone un avance importantísimo en el objetivo de mejorar la calidad de vida de al menos 80 millones de ciudadanos europeos con discapacidad, y un hito en la intensa campaña de defensa de los derechos que las organizaciones europeas que les representan ante las instituciones europeas. Entidades como el Grupo Social ONCE, que participa activamente y de forma coordinada con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF).

Tras la aprobación del Acta, este movimiento asociativo de las personas con discapacidad continuará trabajando para que la futura Estrategia Europea sobre Discapacidad 2020-2030 establezca un mayor desarrollo legislativo y político, allanando el camino para una legislación armonizada a nivel de la UE sobre accesibilidad total, incluidos los entornos construidos, vehículos e infraestructuras de transporte, electrodomésticos o servicios. También para que el próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 continúe siendo la herramienta efectiva para la mejora de la vida de las personas con discapacidad en la UE a través de los Fondos Estructurales, y en especial mediante el Fondo Social Europeo.