El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) presentó el viernes 3 de mayo el estudio ‘Adaptación de la normativa penitenciaria española a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad’, en un acto que tuvo como marco el Centro Penitenciario Madrid IV, en la localidad de Navalcarnero, presidido por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima. Lo quiso hacer en esta fecha , aprovechando la celebración del primer Día Nacional de la Convención Internacional de la Discapacidad (formalizado por el Consejo de Ministros a propuesta del propio CERMI), y además de los responsables del centro carcelario contó con el presidente nacional del mencionado Comité, Luis Cayo Pérez, y la autora del estudio, Patricia Cuenca, que aprovechó para solicitar explícitamente el correspondiente cambio legislativo en nuestro país.

Complementariamente, el 8 de mayo organizó también -con la colaboración de la Confederación Salud Mental España- el seminario ‘Personas con discapacidad en el medio penitenciario: una visión de derechos humanos’; y el lunes 13 presentó la ‘Guía de fácil uso de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para operadores jurídicos’. Toda una batería de iniciativas en torno a la condición jurídica de las personas con discapacidad y sus exigencias de protección específica que sirve de preámbulo a la inminente aparición del 'Informe de Derechos Humanos y Discapacidad España 2018', que ha elaborado también el CERMI y que se pondrá de largo en una mesa redonda que aborde las recientes observaciones realizadas por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU al Estado español para aplicar adecuadamente la Convención de la Discapacidad.

Por lo que respecta al informe de Patricia Cuesta sobre la normativa penitenciaria cabe decir que responde a una demanda del propio Gobierno, a través de la Dirección General de Políticas de Discapacidad (Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) y constituye un minucioso examen de nuestra legislación penitenciaria confrontándola con los principios, valores y mandatos de la Convención de Naciones Unidas en lo que concierne a la población reclusa con discapacidad.

Al respecto -como denunció en el acto Luis Cayo Pérez- ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el Reglamento que la desarrolla, "tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira", tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad. En consecuencia, el informe reclama su urgente actualización que les acompase a la mencionada Convención y al conjunto de tratados internacionales sobre derechos humanos de los reclusos con discapacidad.

La vigente normativa penitenciaria española -denuncia el estudio- desconoce extendidamente la situación y necesidades de estas personas, unas 5.000 sólo en España, y carece de previsiones que compensen sus desventajas en el medio carcelario que multiplican su vulnerabilidad en un entorno ya de por sí duro y hostil. Por eso, la autora del informe -que es doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid- propuso que se les aplique "un tratamiento diferenciado cuando la discapacidad sea relevante y se tengan que paliar dificultades que encuentren los reclusos con discapacidad, para lo que se deben tener en cuenta ajustes razonables, medidas de accesibilidad y acompañamiento cuando sea preciso”, apuntó en presencia también de Jesús Celada, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.

El informe se cierra con una fundamentada propuesta de reforma normativa, que se ofrece al legislador y al Gobierno para inspirar las posibles modificaciones legislativas en este terreno la legislación penitenciaria.

Por su parte, la secretaria de Estado de Servicios Sociales reconoció que “la ratificación por España de la Convención de la Discapacidad de la ONU supuso un cambio muy importante", y que ahora hay que asumir su transversalidad legislativa en todas las áreas, incluida la penitenciaria. En su opinión, se han adaptado a este tratado ya muchas leyes, “pero queda mucho por hacer", aseguró, y en tal sentido puso en valor el trabajo de la experta Patricia Cuenca y el papel jugado por el tejido asociativo de la discapacidad para la mejora de la calidad de vida de todas las personas con discapacidad y sus familias.