Los diferentes colectivos sociales comienzan a posicionarse ante la próxima etapa legislativa que se presume ampliamente renovadora en materia de normativa laboral. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), como fundamental representante de este segmento social en nuestro país, se ha decantado estos últimos días en referencia en concreto al Estatuto del Trabajo Autónomo, en cuya renovación reclama un apartado específico dedicado a los trabajadores por cuenta propia con discapacidad.

Sugiere para ellos el diseño de un marco público de incentivos, tanto regulatorios como de apoyo, similar al que disponen los trabajadores con discapacidad por cuenta ajena. Desde un enfoque que el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, reclama “amplio, vigoroso, socialmente útil y a la altura de las demandas sociales”, explicó en la presentación de esta demanda. “Hasta ahora sólo hay conatos, medidas aisladas, inconexas, discontinuas y frágiles”, afirmó.

La realidad es que, en España, la tasa de emprendimiento autónomo entre las personas con discapacidad es de en torno al 11%, aunque sólo en 2018 el número de estos profesionales por cuenta propia aumentó en 1.516 (un 7,6%), cerrando con 21.459 autónomos con discapacidad afiliados al correspondiente Régimen Especial de la Seguridad Social. Recordó también Pérez que, según datos del INE, en 2017 había 1.860.600 personas con discapacidad en edad de trabajar (16 a 64 años), de los que sólo 481.000 gozaban de un empleo. Cifras que, en su opinión, muestran el “escaso interés del empleador típico” hacia este colectivo, lo que les empuja a buscar su independencia económica en el autoempleo, a veces sin un impulso vocacional sino como “última vía de acceso al mercado de trabajo, rebelándose de algún modo contra un sistema productivo que lo rehúsa”, explica el presidente del CERMI.

Solicitó por ello redimensionar legalmente la iniciativa económica de las personas con discapacidad cara al autoempleo, pues en el vigente Estatuto del Trabajo Autónomo carece, en su opinión, “de la centralidad, consistencia, integralidad y amplitud necesarias para que esta vía se expanda... No hay nada sistemático, ambicioso ni siquiera hay un eje identificable que permita la visibilidad de los trabajadores autónomos con discapacidad”, señala Pérez Bueno.

Así han ido surgiendo iniciativas como el acuerdo entre la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y Fundación ONCE, operativo desde 2016 y que impulsa la colaboración para fomentar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ámbito del trabajo autónomo.

Una regulación integral

Lo que ahora plantea el CERMI es una nueva regulación integral, que abarque desde qué se entiende por trabajador con discapacidad a efectos de autoempleo, pasando por un cuadro ordenado, sistematizado y “generoso” de apoyos y ayudas que, “como mínimo, goce de la misma intensidad del existente para las empresas que contratan a trabajadores con discapacidad por cuenta ajena”. También solicitan una serie de medidas de carácter social y relativas a las exigencias del sistema de Seguridad Social que comporten un “estímulo genuino” para que más personas con discapacidad transiten al empleo autónomo. En definitiva que desde el ámbito público se respalde la vena emprendedora que albergan muchas personas con discapacidad. Pérez Bueno lamenta que los partidos se distancien y apenas muestran interés por esta materia. Aunque -reconoce- “hemos sido insistentes para que fueran receptivos a nuestras demandas, más bien prevalece la ignorancia o la indiferencia”.

Circunstancia que conlleva, en su opinión, la existencia de un actual sistema de ayudas a emprendedores con discapacidad totalmente insuficiente, y poco conocido por sus potenciales destinatarios: “una muestra más del fracaso, o al menos la inadecuación, de las políticas activas de empleo y de fomento del emprendimiento respecto de las personas con discapacidad... Está casi todo por hacer”, concluye el presidente del CERMI.