Un estudio impulsado por Fundación ONCE mide el positivo impacto económico de la integración laboral de personas con discapacidad

El empleo de personas con discapacidad ahorra a las administraciones públicas 13.237 euros por persona, según un estudio realizado por PwC para Fundación ONCE y presentado en Madrid el pasado 21 de octubre. Además, destaca el informe, contribuye, lógicamente, a reducir la exclusión social entre este segmento de la población y mejora la gestión interna de las empresas.

El estudio ‘Impacto de la inserción laboral de personas con discapacidad en el marco del Programa Inserta’, desarrollado con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE), destaca que el ahorro de 13.237 euros por empleado con discapacidad en una empresa ordinaria es equivalente a 3,8 veces el gasto medio por cada beneficiario/a de las ayudas concedidas en España para inclusión social e integración laboral de personas con discapacidad (con datos de 2017). Conclusión a la que han llegado tras un pormenorizado estudio en torno a 20 compañías con políticas de inclusión incorporadas al Foro Inserta de Fundación ONCE.

La vicepresidenta 3ª del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, recalcó en la presentación que estos resultados evidencian que, “cuando las cosas se miden, pasamos de hablar de inserción laboral de personas con discapacidad a inclusión social de personas con o sin discapacidad”. Porque, señaló, ahora vemos que contratar a una persona con discapacidad, además de para el propio afectado, “tiene valor también para las empresas que lo efectúan”.

Por su parte, el subdirector general de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo, Ángel García Frontelo, se congratuló de que este informe reafirme que la del FSE “es una inversión rentable y eficiente”, y puso en valor la gestión que al efecto “lleva a cabo Fundación ONCE como socio preferente de gran valor en la Unión Europea”.

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, se refirió en esta línea a que, al efecto transformador que supone un empleo para la persona con discapacidad, “vemos ya que se suma un valor monetario que beneficia a las empresas”.

Para las personas y para las empresas

Las personas con discapacidad empleadas en las empresas analizadas registraban, antes de su inserción laboral, un nivel de inclusión social de 76,9 puntos en una escala de 100 (la que representa su plena inclusión). Y, tras acceder al empleo, registran un impacto positivo que les lleva a ascender en esta escala hasta un nivel de 90,5 puntos; es decir, han reducido en un 59% su nivel de exclusión inicial, con repercusiones sobre su bienestar material y emocional, al tiempo que contribuyendo a su desarrollo personal.

En cuanto a las compañías, sus responsables reconocen que el aumento de la diversidad que implica la inserción aporta ‘valor diferencial’ a la compañía, y una general mejora en la motivación de sus trabajadores y en el clima laboral. Además aseguran que contribuye muy positivamente a la accesibilidad y al diseño para todos de las instalaciones destinadas a sus clientes y para mejorar el desarrollo de nuevos productos y servicios.