Los nuevos puestos de trabajo se ocupan con menos personas con discapacidad

El acceso al empleo para las personas con discapacidad sigue siendo más restringido que para el resto de la masa laboral, según se desprende del informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) 'El empleo de las personas con discapacidad' referido al año 2018  y que recoge que el número de personas con discapacidad en edad laboral es de 1.899.800, lo que representa el 6,3% de la población española entre 16 y 64 años.

Desde 2014, la tasa de paro de las personas con discapacidad se ha reducido en 8,4 puntos porcentuales. De este modo, en 2018 hay 165.100 personas con discapacidad desempleadas en términos absolutos (5.600 menos que en 2017). Pero aun así, la tasa de paro de este colectivo es del 25,2% y, por tanto, la brecha con la población sin discapacidad se eleva a 10,1 puntos, lo que supone un incremento en este último año respecto a la tendencia estable de años anteriores de aproximadamente 9 puntos de diferencia.

Por género, la tasa de paro es algo inferior en el caso de las mujeres, situándose en el 25%. “Estos datos muestran que la variable de discapacidad supone un elemento de discriminación en lo que al acceso al mercado laboral se refiere. Por ello, debe revisarse el actual marco normativo con una visión global de todos los factores que están afectando, desde el educativo y de formación para la empleabilidad, pasando por la eficacia e información sobre cumplimiento de las obligaciones normativas para las empresas y su razonabilidad, hasta las necesidades y complementariedades del trabajo con otros sistemas como los de protección social o de servicios sociales y de dependencia”, según explicó a Servimedia Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación de Fundación ONCE, a la vista de estos datos.

Lobato puso de relieve que, “respecto a la relación con el empleo, el número de personas con discapacidad activas es de 654.600, siendo la tasa de actividad en el 34,5%, con una diferencia con la población sin discapacidad de 43,1 puntos". "Esta diferencia se ha incrementado con respecto a 2017 en 0,4 puntos porcentuales y por tanto indagar en las causas y medidas para incrementar esta tasa, en definitiva, para activar laboralmente a las personas es un asunto estratégico sobre el que poner foco”, afirmó. Sin embargo, “consideramos positivo el esfuerzo llevado a cabo para promover el acceso de la mujer al mercado de trabajo”. Así, desde el punto de vista de género, la tasa de actividad de las mujeres se sitúa en el 33,6% frente al 35,1% de los hombres. Tanto la tasa total como la femenina, respecto a 2017, han disminuido en 0,5 y 1,4 puntos respectivamente.

Diferencias en las tasas de empleo

En el empleo también se ha agudizado el distanciamiento entre los trabajadores con y sin discapacidad. En este caso, la tasa de empleo se situó en 2018 en el 25,8%, lo que significa que 489.500 personas con discapacidad están ocupadas, con un diferencial respecto a la población sin discapacidad de 40,1 puntos. Se produce un incremento relevante en esta diferencia respecto a 2017, de 1,6 puntos porcentuales, dado que, aunque la tasa de empleo para personas con discapacidad se ha reducido únicamente 0,1 puntos, la de personas sin discapacidad se ha incrementado en 1,5 puntos. En definitiva, esta tendencia alcista en la tasa de empleo de personas sin discapacidad desde 2015 (de 5 puntos porcentuales de incremento acumulado) no se refleja de manera análoga en el caso de las personas con discapacidad, para las que este incremento acumulado ha sido de 2,4 puntos.

En opinión de Lobato, “todo ello y el lento avance en los últimos años nos lleva a reclamar un mayor compromiso con la innovación de los empleadores y resto de agentes sociales, para generar soluciones con un mayor impacto en términos de creación de empleos". "lo que es aún más relevante teniendo en cuenta los retos y oportunidades que plantea la transformación digital y su impacto en el mercado de trabajo, en múltiples dimensiones: el reto de las competencias y la formación accesible, las tecnologías de apoyo que pueden permitir el acceso al empleo a los colectivos más alejados con adaptaciones sencillas de aplicar como la impresión 3D, la robotización que elimina puestos de trabajo en nichos en los que hoy están encontrando empleo muchas personas con discapacidad, la inteligencia artificial como posible barrera cuando no se tiene en cuenta la diversidad, etc”, dijo.

La tasa de empleo para mujeres con discapacidad se sitúa en el 25,2%, 34,4 puntos por debajo de la de las mujeres sin discapacidad y un punto por debajo de la de los hombres con discapacidad. “La brecha de género entre la población con discapacidad en términos de empleabilidad es desde todas las perspectivas que ofrecen los datos, inferior a la de personas sin discapacidad”, según la responsable de empleo de Fundación ONCE.

Por tipo de discapacidad, el único colectivo que mejora respecto a 2017 su tasa de empleo es el de personas con discapacidad intelectual, pasando de 19,5% a 20,2%. “Aún así este grupo, junto al de personas con discapacidad psicosocial, son los que tienen tasas de empleo más bajas, y en los que debemos centrar nuestras iniciativas de empleo”, asegura Lobato.

Incorporación al mercado laboral

Otro elemento a destacar se refiere al momento de incorporación al mercado laboral, pues la edad continúa siendo una variable relevante en su acceso al empleo. Los jóvenes con discapacidad son, sin duda, el segmento más alejado del empleo: aumenta su tasa de paro y disminuye su tasa de actividad y empleo. La tasa de actividad de los más jóvenes con discapacidad (16–24 años) alcanza el 23,9%, 6,2 puntos inferior a la del segmento de mayor edad (45–64 años), y su tasa de empleo es la más baja de todos los grupos, con tan solo un 10%. Explicó la representante del Grupo Social ONCE que al contrario sucede con la tasa de paro que supera a la de los demás grupos de edad, fijándose en el 58,1%. “Hay que destacar en cualquier caso que la serie histórica disponible nos muestra una evolución acumulada que refleja el impacto positivo de las políticas en favor de la empleabilidad de jóvenes con discapacidad; esto se ve en el incremento desde 2014 de la tasa de empleo en 0,9 puntos y 9,2 puntos de reducción en la tasa de paro", dijo Lobato.

Por último, 289.300 personas con discapacidad, tenían reconocida la situación de dependencia, lo que supone el 15,2% de las personas con discapacidad en edad laboral.

En definitiva, “esta última edición de la operación sobre el empleo de las personas con discapacidad publicada por el INE plantea un escenario de mayor riesgo y mayor desigualdad. Desde Fundación ONCE seguiremos apostando por programas para fomentar la empleabilidad, apoyar y acompañar a las empresas en su compromiso con la diversidad, y trabajar para fomentar las competencias digitales y los perfiles tecnológicos para personas con discapacidad a través del programa Por Talento Digital”, concluyó Sabina Lobato.

Nuevo marco legal

“Dado que estamos en el inicio de una nueva legislatura en la que esperamos que exista una mayoría estable en el Parlamento, reclamamos una vez más que España se dote de una nueva Ley general de inclusión laboral de las personas con discapacidad que inaugure un nuevo período de política pública y legislativa en la materia, porque con un modelo legal que data de hace casi 40 años poco vamos a mejorar en cuanto a las necesidades enormes sobre los déficits de inclusión que todavía padecemos”, reclamó el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, tras la difusión del informe.

Del mismo, destacó que existen datos positivos como la reducción en un punto de la tasa de paro (de siete si se toma como referencia 2014). Además, subrayó que el hecho de disponer de esta información estadística “resulta muy valioso, porque hay ya una serie histórica” que permite tener información periódica sobre la situación de las personas con discapacidad en la esfera del empleo y valorar su evolución.

Por último, puso en valor el “buen ejemplo” de colaboración del INE con la sociedad civil de la discapacidad, dado que este organismo público realiza esta operación estadística en colaboración con el propio CERMI y la Fundación ONCE, entidades que aportan al INE propuestas y sugerencias sobre la estructura del informe y los aspectos prioritarios que debe recoger.