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Convertir a la empresa en valedora de los derechos del trabajador con discapacidad
"Estamos convencidos de que las empresas deben ser catalizadoras de los derechos humanos", afirmó -al presentar la obra- el delegado del CERMI 
para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, coautor de ‘Los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad: Guía práctica para empresas’ junto a la directora de la compañía Business and Human Rights (BHR), María Prandi.
El objetivo del estudio, señaló esta última, es “explicar los pasos que deben dar las empresas para entender qué significa la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, qué derechos se protegen y cómo en y desde la empresa se tiene que actuar”.
La guía está dividida en tres partes. La primera, dedicada a exponer la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país y el peso de las empresas como motor de inclusión, así como los beneficios que puede reportarlas contratar a este tipo de empleados. La segunda aborda las relaciones laborales con los trabajadores con discapacidad, con respeto a la Convención de la ONU, los ‘principios rectores’ sobre la empresa de las propias Naciones Unidas, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y la tercera establece los cuatro pasos que ha de seguir una estrategia de derechos humanos hacia la discapacidad en la empresa, a partir de dichos principios.
El impacto de la economía social y su contribución a los objetivos de Desarrollo Sostenible, dos estudios de CEPES que añaden valor a este modelo económico
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha presentado el 'Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España'. El estudio realiza un análisis del peso específico del sector para conocer mejor las implicaciones que los principios de la economía social tienen sobre la sociedad, y llegar a una valoración económica de los mismos. El informe ha sido dirigido por Mª Isabel Martínez Martín (de Abay Analistas), con la participación de Rosa Belén Castro y Rosa Santero (ambas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) y Paula de Diego (de Abay Analistas); dando continuidad y ampliando en su enfoque un estudio anterior, realizado en 2011.
Cofinanciado por CEPES, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Cajamar, Mondragón y la Fundación Espriú, el infome muestra que los principios y valores de la Economía Social aportan a la sociedad unos beneficios netos totales cifrados en 6.229 millones de euros anuales, de los que el 71,7% está vinculado a la ocupación de colectivos con habituales dificultades de acceso al empleo y el 16,9% a la mayor estabilidad laboral.
Por agentes, los principales beneficiarios (esos colectivos con singular dificultad de inclusión laboral) reciben 3.930 millones de euros anuales en rentas salariales. En segundo lugar están las Administraciones Públicas, con 1.770 millones de euros anuales de beneficios directos e indirectos (por gastos no realizados), y por último se encuentran las propias empresas, que obtienen del sector un beneficio neto de unos 528 millones de euros anuales.
Estos son algunos de los datos que arroja este informe que aborda, además, cuestiones como la implantación de la Economía social en el tejido empresarial español, su impacto positivo en los colectivos más desfavorecidos o el comportamiento más igualitario en los salarios de este modelo productivo, entre otros.
El documento se puede descargar desde la Biblioteca digital de CEPES
El segundo informe de referencia, también firmado por CEPES, es "La contribución de la Economía Social Española a los ODS. IV Informe sobre la experiencia de las Empresas de Economía Social en la Cooperación al Desarrollo 2017-2019".
El estudio evidencia el compromiso de este tejido empresarial con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con una mayor incidencia en los relacionados con el empleo la reducción de las desigualdades económicas y sociales, el desarrollo local, la igualdad de género, el acceso a la educación de calidad para todas las personas o la inserción en el mercado laboral de colectivos en riesgo de exclusión.
Entre los parámetros que aborda el texto nos encontramos más de 50 experiencias empresariales que confirman este compromiso de la Economía Social española con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Se constata, además, el papel que juega la Economía Social en la Cooperación Española al Desarrollo, como eje trasversal de la Agenda, que dedicó en 2016 y 2017 al menos 19 millones de euros de su Ayuda Oficial a financiar 224 intervenciones en 37 países en las que participa la Economía Social. Y es que, según los datos que ofrece este IV informe, la Economía Social representa el 7% del PIB y del empleo mundial y genera el 8% del PIB de la Unión Europea a través de 2,8 millones de empresas y 13,6 millones de puestos de trabajo.
El estudio está disponible en la Biblioteca de CEPES.