La cúpula directiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) mantuvo el 17 de febrero una reunión de alto nivel con el Partido Popular (PP) en la que le planteó la necesidad de establecer una mesa de interlocución común de carácter permanente para impulsar medidas políticas y legislativas en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

En el encuentro -en la sede central del PP en Madrid- se solicitaba así del que es actual primer partido de la oposición en nuestro país su complicidad para mantener y reforzar una interlocución “que tan buenos frutos ha dado ya en muchas ocasiones”, con el PP tanto en la oposición como en el Gobierno, señalaron fuentes de CERMI.

Los representantes populares, encabezados por su vicesecretaria Cuca Gamarra, acompañada por la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, Alicia García, y por la exdiputada y actual asesora en materia de Vivienda del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid, Marimar Blanco, valoró la posible creación de un canal formal de interlocución de este carácter con el sector de la discapacidad y, en palabras de Gamarra les expresó “el compromiso del PP” con este colectivo.

El CERMI destacó algunos retos parlamentarios pendientes, como ultimar la reforma del artículo 49 de la Constitución que refuerce la protección de los derechos de las personas con discapacidad y actualice su “obsoleta terminología”; o rematar la modificación del Código Civil, apuntada en la anterior legislatura (con los gobiernos de Rajoy y Pedro Sánchez), para sustituir el actual modelo que contempla la supresión de la capacidad jurídica de personas con discapacidad en determinados supuestos y situaciones, hacia otro fundamentado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones responsable.

Cuestiones candentes

En la misma línea, el CERMI puso sobre el tapete otra de sus actuales prioridades de reforma normativa como es la “urgente”, afirma, ilegalización de las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad; práctica que afecta especialmente a determinadas mujeres y niñas.

Y en esta misma materia de género y discapacidad, plantea el CERMI también que el conjunto de las políticas públicas valoren e introduzcan el correspondiente sesgo de análisis transversal para combatir la habitual discriminación de la población femenina con discapacidad en los ámbitos más diversos.

En materia de la movilidad y sostenibilidad recordaron a sus interlocutores populares que sus avances no pueden ir en “detrimento de los derechos de peatones con discapacidad o mayores”. Al respecto se reclaman políticas de accesibilidad universal, que obliguen, por ejemplo, a las comunidades de vecinos a eliminar las barreras arquitectónicas que impidan a las personas mayores, con discapacidad, etc., salir libremente de su casa a causa de su disposición funcional.

Finalmente, la ejecutiva del CERMI, encabezada por su presidente nacional, Luis Cayo Pérez, reclamó la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), “que lleva años paralizada” en el Parlamento, para rechazar los actuales criterios de copago en materia de Dependencia; regular la figura del asistente personal; y garantizar la sostenibilidad del sector de la discapacidad.