El Tercer Sector exige una atención médica ‘inclusiva’ que no discrimine a personas con discapacidad o mayores
Reivindica protocolos de atención médica en las UCI que no se guíe por criterios de edad o discapacidad
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, reivindicó el pasado 1 de abril una atención médica ‘inclusiva’, que -en concreto- no discrimine a personas con discapacidad o mayores, pues, además, estos colectivos se están viendo afectados aún en mayor proporción por el Covid-19 y necesitan ser atendidos en, al menos, igualdad de condiciones pues “todas las vidas -afirmó su presidente, Luciano Poyato- tienen el mismo valor”.
Poyato pide a las autoridades sanitarias y a las sociedades científicas que evalúen sus protocolos y manuales de actuación ante situaciones de crisis para evitar que se discrimine a estas personas por el hecho de tener una edad avanzada o afectarles una discapacidad. Bien al contrario, defiende la importancia de construir entre todos y todas, y ahora más que nunca, una sociedad igualitaria, justa e inclusiva que tenga en cuenta los derechos humanos, sin excepción. “En momentos de crisis el compromiso moral de una sociedad con el respeto a la dignidad y la igualdad se expresa por su capacidad de atender a todas las personas por igual y respetando el derecho a la vida y a la salud”, subrayó el presidente de la PTS.
Una reivindicación que avalan las principales ONG del país que integran esta plataforma, como Cáritas, Cruz Roja, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la ONCE, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN), la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma de Infancia, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y la Plataforma del Voluntariado de España (PVE).
Ética y justicia social
Todas ellas coinciden en que es “absolutamente necesario” que los colectivos que representan puedan acceder, cuando sea necesario, a tratamientos de cuidados intensivos ante el coronavirus, con la misma prioridad que el resto de pacientes, en lugar de “dejarlos de lado” bajo ningún concepto. De hecho, recuerdan que el Comité de Bioética de España califica de ‘radicalmente injusto’ que las personas cuya salud está más amenazada por un contagio de coronavirus estén siendo, a su vez, las más perjudicadas. Al respecto, Luciano Poyato denuncia que desde que comenzó la pandemia los derechos de las personas más vulnerables se han visto mermados dando lugar en algunas ocasiones, advierte, a tomar decisiones que debilitan las sociedades democráticas.
Por último, expresó su reconocimiento al trabajo de todos los sanitarios y sanitarias, reclamando el paralelo compromiso de las autoridades para que estos colectivos sociales de mayores y personas con discapacidad afronten con tranquilidad y sin miedos añadidos los posibles síntomas asociados al Covid-19 al sentirse íntegramente protegidas por el sistema de salud. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido que salir al respecto al paso de determinadas especulaciones, garantizando que no se tendrán en cuenta criterios como la edad del paciente a la hora de acceder a las unidades UCI sino exclusivamente su personal cuadro clínico, en respuesta a las especulaciones extendidas a raíz de unas supuestas recomendaciones de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña.