Reclama además del Gobierno central una renta social que se apruebe "para quedarse"

El Comité de Coordinación Territorial de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), telereunido el 17 de abril, y formado por las 10 mesas y plataformas territoriales (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Comunidad Valenciana), ha reclamado a los gobiernos autonómicos diálogo real y efectivo para afrontar la crisis social que está produciendo el Covid-19 en cada región de España y atajar así los problemas reales de la ciudadanía.

Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quien ha incidido en la necesidad de crear grupos operativos de enlace con los diferentes ejecutivos a nivel regional para poder gestionar, de una manera efectiva y productiva, las consecuencias sociales de la pandemia, “ya que somos nosotros, el Tercer Sector, quien conoce, de primera mano, cuáles son”, ha puntualizado el representante de esta gran plataforma social.

Además, Poyato urge a los gobiernos a atender las necesidades de las propias entidades, y sus personas trabajadoras y voluntarias, para evitar que las situaciones de vulnerabilidad se cronifiquen aún más en un momento en el que la demanda de atenciones se está haciendo cada vez más notable. Algunos territorios, como Valencia -explica-, sí mantienen reuniones periódicas efectivas con los representantes políticos de sus regiones, pero sin embargo el resto no lo hacen con la asiduidad y operatividad que se debería, e incluso en algunas Comunidades no han podido llegar a sentarse con los ejecutivos, cuando se ha cumplido ya más de un mes desde que se inició la pandemia. Por ello, reivindican coordinación, agilidad y materialización de las demandas de una manera prioritaria y urgente, dado que los colectivos más vulnerables no pueden esperar más.  

En este sentido, la vicepresidenta de Coordinación y Desarrollo Territorial de la PTS, María Teresa Suárez,  también ha pedido compromiso de diálogo y escucha activa antes de adoptar medidas sociales de relevancia. Las ONG, explica, están ya trabajando en un plan de medidas socioeconómicas para abordar la situación tras el estado de alarma, y confían en que los gobernantes a todos los niveles lo tengan en cuenta.

Las reclamaciones apuntadas se corresponden con las realizadas ya por la propia Plataforma del Tercer Sector a nivel estatal, que incluso fueron presentadas al secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, en una reciente reunión.

Renta social extraordinaria

Fue el 9 de abril cuando la PTS apoyó, en una reunión telemática mantenida con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la denominada renta social extraordinaria que está ultimando el Gobierno para hacer frente a la grave crisis que dejará el Covid-19, ya que actualmente hay más de 12 millones de personas que viven en situación de pobreza y exclusión social en España.

Así lo manifestó Poyato en la reunión telemática mantenida con Iglesias y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y en la que también participaron  los responsables de diversas ONG, entre ellas CERMI, EAPN o Cáritas, con el fin de avanzar en el desarrollo de la nueva renta social extraordinaria que el Ejecutivo está preparando y que el Tercer Sector lleva reclamando más de tres lustros. 

Los representantes del Gobierno explicaron que, en un primer momento y dada la situación de emergencia actual, esta renta se aprobará de manera extraordinaria. En este sentido, Poyato pidió que el nuevo salario social extraordinario se pueda convertir en una renta mínima vital estable y duradera, que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y que se presente como un derecho subjetivo a la protección y garantía de las condiciones básicas del desarrollo vital. Además, defendió que sea accesible para todos los hogares en pobreza con el objetivo de garantizar un ingreso y condiciones adecuadas para poder tener una vida digna. En definitiva, que sirva de instrumento para la inclusión y cohesión social en España y que se configure como un auténtico derecho con independencia del territorio en el que se viva. “La gravedad del momento urge a una acción decidida del Gobierno para asegurar el suelo vital y que no nos vuelva a ocurrir como en la anterior crisis”, subrayó Poyato.

Por último, el Tercer Sector apuesta por coordinar la nueva renta mínima con las autonómicas presentándola como un suelo, y no como un techo, por lo que cada territorio podría complementar las cuantías al alza según sus decisiones.