El movimiento español de personas con discapacidad ha afrontado la especial conmemoración del Día de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  (CDPD) que se celebra en nuestro país cada 3 de mayo. En estas singulares circunstancias que ha impuesto la pandemia por la covid-19, las organizaciones en las que se agrupan estos colectivos han querido conjurarse para reclamar de un modo muy destacado el cumplimiento de sus exigencias en cuanto a su derecho a la salud y su consiguiente protección física y social.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y su Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha publicado un Manifiesto en el que exigen garantizar plenamente “el derecho humano a la salud” de todas las personas con discapacidad, “sin discriminaciones ni excepciones y con enfoque de género”, reivindicando el “pleno derecho humano a la salud”, “sin excepciones”, porque -afirman- “todas las vidas tienen el mismo valor”.

Además, durante la jornada, la ONCE se sumó a la efemérides a través de su Observatorio de Análisis, Innovación y Cambio Social, con la celebración de un foro dedicado a conocer los pormenores de la Convención. Y para  destacar las cuestiones más relevantes de la misma y aquellas que quedan por desarrollar en España, Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos del CERMI, y Ana Peláez, vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), ofrecieron en sendos vídeos el contenido, principios y derechos de la CDPD, y lo que su asunción supone para las Personas con Discapacidad y su implantación en España.  

Recuerda el CERMI que, a petición suya, el Gobierno de España aprobó en febrero de 2019 la declaración oficial del 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (fecha en la que entró oficialmente en vigor este Tratado en España, en 2008). El objetivo de la jornada sería contribuir al conocimiento, difusión y toma de conciencia de los principios que defiende la Convención y la defensa de la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad.

Por eso este año el manifiesto destaca los relativos a la atención sanitaria sin discriminaciones (artículo 25), e insta a adoptar medidas que protejan adecuadamente a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia (artículo 11). Incluye la denuncia de “cualquier práctica, recomendación o política clínica” que discrimine a estas personas en el acceso a los cuidados de salud y a los servicios sanitarios (en este caso ante la covid-19),  “porque nunca se repetirá bastante -afirman- que todas las vidas humanas tienen el mismo valor y dignidad”.

Especial atención reclama el CERMI hacia colectivos como las personas mayores con discapacidad, que sufren la pandemia en carne propia de forma más virulenta “y cuyos derechos humanos se están no sólo cuestionando, sino negando del modo más despiadado, a favor de una pretendida eficiencia del sistema, ante la escasez de recursos y la elevada presión asistencial”.

La garantía de la total accesibilidad cognitiva y sensorial a cualquier información sobre la pandemia, para que las personas con discapacidad conozcan las recomendaciones para evitar contagiarse, reconocer síntomas o tomar sus propias decisiones; la provisión de recursos humanos y materiales suficientes para la atención con seguridad plena de la discapacidad para trabajadores y usuarios; los apoyos a segmentos específicos como la atención temprana, el acceso a la reparación y recambio de pilas y baterías de materiales de apoyo, etc. son otras de las reivindicaciones planteadas en el Manifiesto.

Por otro lado, y con el refrendo de la adhesión de la FCM, el colectivo demanda la aplicación de una perspectiva de género en la gestión de esta crisis, contando con las mujeres y niñas con discapacidad y asegurando la protección de madres y cuidadoras, “para que esta emergencia no repercuta de forma desmedida en ellas: por la salud, por la violencia de género y por cuidar de los demás”. Además, pide prestar especial atención a las mujeres en mayor riesgo de exclusión, como las que tienen discapacidad psicosocial o enfermedades crónicas, así como las mujeres con depresión posparto.

El documento hecho público por el CERMI reivindica que éstas y otras medidas complementarias “encabecen” la lucha contra esta crisis y aplaude el esfuerzo de las familias de personas con discapacidad, de las organizaciones del tejido asociativo  y del conjunto de personas trabajadoras y voluntarias del sector.

Conferencia Ana Peláez (33,93 MB)

Conferencia Jesús Martín (28,20 MB)

#InclusiónImparable: Campaña de COCEMFE

L.a Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) se ha adherido a estas demandas lanzando una campaña bajo el lema “La defensa de derechos no para” (#InclusiónImparable). En ella pone el énfasis en los devastadores efectos para las personas con discapacidad y sus familias de una crisis social y económica como la actual, lo que redobla las necesidad de asegurar el cumplimiento de la Convención de la ONU en relación con situaciones de emergencia. En concreto reclama el acceso de los miembros de estos colectivos a los productos sanitarios que requieren, a los Equipos de Protección Individual (EPIs) y a los test rápidos sobre coronavirus. Sobre todo “es necesario proteger a las mujeres y niñas con discapacidad, promoviendo el ejercicio de su derecho a la salud, evitando las restricciones de acceso a atención y protocolos sanitarios, especialmente para las situaciones de mayor riesgo de exclusión, como las mujeres con discapacidad orgánica no reconocida con enfermedades crónicas o las que son víctimas de violencia y abuso”, matizó al respecto el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.