Durante su Asamblea General, la Plataforma del Tercer Sector pide una línea de interlocución directa para acelerar la elaboración de un plan de trabajo conjunto, una financiación estable y una agenda social compartida

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por casi 28.000 entidades sociales de todo el país, ha firmado un acuerdo para reclamar, “con máxima urgencia”, a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España financiación estable y duradera, así como corresponsabilidad política para evitar el “derrumbe total” del Estado del Bienestar.

Así lo ha manifestado el presidente de la PTS, Luciano Poyato, durante la Asamblea General celebrada el pasado 28 de octubre, en la que se insistió en la necesidad de que exista un compromiso firme por parte de la comunidad política que garantice unas condiciones de vida que permitan un desarrollo vital digno al conjunto de la sociedad, y más en un momento de crisis económica y social que no hace más que agravar las situaciones de pobreza y exclusión.

El 29% experimenta dificultad o muchas dificultades para llegar a fin de mes y el 46,1% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos

Una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza o exclusión, según el estudio 'El estado de la pobreza, 10º Informe Arope. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2019', elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES).

Desde 2018, la EAPN-ES incluye en estos informes anuales un capítulo específico sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad, y la principal conclusión del último informe en este terreno es que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no la tienen.

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, ha asegurado, en una entrevista concedida a la agencia Servimedia, que los fondos europeos de reconstrucción posCovid suponen "una ventana de oportunidad para la Economía Social y la tenemos que aprovechar”. 

Pedreño ha insistido en que no puede volver a suceder lo que ya ocurrió con el ‘plan Juncker’ que lanzó la Comisión Europea en la anterior legislatura comunitaria, en el que las ayudas “fueron a parar a las grandes empresas y no llegaban al tejido empresarial pequeño”.

La entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral ha retomado con energía su actividad presencial estos últimos cuatro meses pese a los condicionantes de la pandemia y ha conseguido empleo para casi 3.000

Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha hecho balance de su retorno a la actividad presencial que retomó el 15 de junio. En estos cuatro meses ha atendido a más de 9.000 personas con discapacidad en sus 36 oficinas repartidas por toda España, tras haber permanecido sin actividad presencial desde que se declarara el estado de alarma y el consiguiente confinamiento para luchar contra la covid-19 el 16 de marzo.

De ellas, más de 4.000 han realizado entrevistas de orientación con las que han iniciado su ruta hacia el empleo y 5.000 han contado con tutorizaciones ajustadas a sus diversas necesidades (reorientación, postformación, mentorización para el empleo…). Además, en este cuatrimestre Inserta Empleo ha captado más de 2.000 ofertas nuevas de empleo y ha valorado a más de 34.000 candidatos con discapacidad, de los que 10.000 han sido presentados a las empresas interesadas. Todo este trabajo se ha traducido en la consecución efectiva de 2.857 contratos.

Se ha seleccionado a una treintena de asociaciones del sector para que mejoren su capacitación profesional combinando teoría y práctica laboral

Fundación ONCE hizo público, el pasado 16 de octubre, el listado final (un total de 33 asociaciones de toda España) seleccionadas para prestar formación a jóvenes con discapacidad, que facilite su capacitación profesional y empleabilidad. El programa, bajo el eslogan ‘Uno a Uno’, tendrá como beneficiarios a un total de 284 jóvenes, que han de estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La iniciativa, que cuenta con cofinanciación del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo, iba dirigida a proyectos de refuerzo de la empleabilidad de jóvenes con discapacidad para mejorar su acceso al mercado laboral. Cuenta con un presupuesto de 1.136.000 euros y su objetivo central es proporcionar aptitudes y competencias laborales a jóvenes con discapacidad que faciliten su inserción duradera en el mercado de trabajo.