La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha presentado el Protocolo para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia con el objetivo de poner a disposición de la comunidad y profesionales un instrumento para atenderlas y contribuir así a mejorar su calidad de vida y defender sus derechos. 

La elaboración del protocolo se ha puesto en marcha gracias a la Fundación Mutua Madrileña, que concedió apoyo económico a la Fundación CERMI Mujeres a través de su VIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales.

Esta guía ha sido sometida a consideración del Consejo de Participación de la FCM, órgano consultivo donde tienen presencia todas las organizaciones del sector de la discapacidad aglutinadas en torno al CERMI, tanto por tipos de discapacidad como por territorios.

De esta manera, la consultora de la Fundación CERMI Mujeres y experta en salud sexual, derechos sociales y reproductivos y en igualdad de las mujeres, Esther Castellanos, presentó esta guía que se suma al trabajo desarrollado desde la entidad en relación a la orientación jurídica. “Supone una herramienta imprescindible para profesionales que trabajan en atención a víctimas de violencia y para personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad”, manifestó. 

Ocho principios

Así, destacó los ocho principios rectores con los que cuenta el protocolo. El primero se centra en tener en cuenta cómo se conceptualiza la violencia teniendo como referencia el marco conceptual del convenio de Estambul que España ratificó a en 2014. También es necesario contemplar el enfoque de género interseccional, garantizar la accesibilidad universal a los recursos y eliminar barreras y que exista una coordinación entre los dientitos ámbitos como el sanitario, policial, judicial o de igualdad para que haya una actuación integral.

El quinto principio tiene que ver con el poder de las administraciones locales puesto que es el nivel más cercano de la ciudadanía. También destacó la formación como vía efectiva para implementar este protocolo ya que “tiene que haber un compromiso a todos los niveles y formar específicamente a los profesionales de la salud, por ejemplo”.

Otro de los principios rectores tiene relación con la figura de la asistencia personal, que facilita el proceso judicial y acompaña a la mujer. En este sentido, Castellano recordó que “este es uno de los retos que plantea el protocolo”. Por último, ha recalcado que la integralidad y la recuperación de las mujeres para que logren tomar el control de su vida es un derecho fundamental que debe garantizarse por ley.

Por último, durante su intervención ha añadido que el protocolo considera la heterogeneidad y la diversidad de las mujeres, “ya que tiene que ser tenida en cuenta en la atención”. “Puede haber mujeres con parálisis cerebral, sordociegas, con discapacidad visual, psicosocial o intelectual o con daño cerebral adquirido y todas deben ser atendidas”, ha manifestado. Por otro lado, pide prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil.

Además, la Fundación CERMI Mujeres reclama que los lugares de trabajo sean entornos seguros y libres de violencia contra las mujeres con discapacidad, prestando una atención particular a los entornos (pre) laborales cerrados y segregados, como talleres ocupacionales de personas con discapacidad y talleres protegidos segregados. Además, se debe fomentar entre los empleadores la contratación de mujeres con discapacidad víctimas de violencia por medio de incentivos fiscales y de otro tipo.

De la misma manera, exige que la legislación garantice de manera efectiva el derecho de las mujeres con discapacidad y de las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad a un trabajo decente y de calidad y a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas, mediante el impulso de medidas de acción afirmativa que eliminen su discriminación en el acceso, permanencia y promoción en el mercado de trabajo como consecuencia de estereotipos negativos contra ellas por razón de género, de discapacidad y por su intersección con otras condiciones humanas.

Asimismo, pide que se promulgue legislación que prohíba que las personas con discapacidad y las mujeres puedan recibir un salario inferior al salario mínimo establecido y garantizar el principio de igual salario por trabajo de igual valor, prestando especial atención a las diferencias salariales que sufren particularmente las mujeres con discapacidad. En este sentido, pide promover programas de formación y cualificación permanente para que las mujeres con discapacidad adquieran las competencias digitales requeridas por el mercado laboral, con particular atención a las mujeres con discapacidad con mayores niveles de inactividad laboral.

Por otra parte, la Fundación CERMI Mujeres reclama que se pongan en marcha políticas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, que, en el marco de una política de cuidados concebida desde un enfoque de derechos humanos, incluidos los derechos laborales, tenga en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, no solamente como receptoras de cuidado, sino también como proveedoras del mismo, hecho éste que suele ignorarse de manera sistemática.

Por último, también solicita la recopilación y desagregación de datos por sexo, edad y tipo de discapacidad en relación con la situación del empleo y de la participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, así como promover la participación política y sindical de las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, a fin de garantizar su participación en la toma de decisiones que les afectan.