POLÍTICA SOCIAL
Entra en vigor la reforma legal que acaba con las incapacitaciones judiciales que favorece apoyos individualizados para personas con discapacidad
El pasado 3 de septiembre entró en vigor la reforma de las leyes civiles y procesales que, hasta ahora, permitían la incapacitación jurídica de decenas de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Por este motivo, se han organizado distintos actos en varias ciudades españolas para festejar esta conquista y reclamar a las administraciones públicas "garantías" para que la reforma sea efectiva.
Aprobada el pasado mes de mayo, esta reforma legal supone el fin de las incapacitaciones judiciales y su sustitución por un sistema de apoyos individualizados que ayuden a la persona a tomar sus decisiones de forma autónoma.
Personas mayores analizan cómo les afecta la reforma que modifica la capacidad de obrar de algunos ciudadanos
En un encuentro semipresencial titulado 'Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de las personas mayores'
Fundación ONCE, junto con el Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), el Consejo General del Notariado (CGN), la Fundación Aequitas, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), celebró el pasado día 15 de septiembre la jornada 'Gran reforma del Derecho Civil desde la perspectiva de las personas mayores', donde se debatió sobre el encaje de esta modificación legal en el ámbito de los ciudadanos de edad.
El encuentro, que tuvo lugar de forma presencial y también en formato online, forma parte de un ciclo de seminarios sobre la reciente reforma de la legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica titulado 'Avanzando en los derechos de las personas con discapacidad'.
El CERMI pide que la nueva ley de empleo tenga la inclusión laboral como prioridad
Y que preste especial atención a las mujeres con discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Trabajo y Economía Social que la inclusión laboral de las personas con discapacidad sea objetivo prioritario de las políticas públicas y así quede establecido en la nueva Ley de Empleo que prepara el Gobierno. Así lo ha propuesto en su documento de aportaciones a la elaboración de una nueva Ley de Empleo, en el trámite de consulta pública previa del Ministerio de Trabajo y Economía Social, abierta hasta el día 2 de septiembre.
Para el CERMI, el empleo decente es “medio principal de socialización, realización personal, participación en la comunidad y aportación a la sociedad, para cualquier persona”.