El pasado 3 de septiembre entró en vigor la reforma de las leyes civiles y procesales que, hasta ahora, permitían la incapacitación jurídica de decenas de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Por este motivo, se han organizado distintos actos en varias ciudades españolas para festejar esta conquista y reclamar a las administraciones públicas "garantías" para que la reforma sea efectiva.

Aprobada el pasado mes de mayo, esta reforma legal supone el fin de las incapacitaciones judiciales y su sustitución por un sistema de apoyos individualizados que ayuden a la persona a tomar sus decisiones de forma autónoma.

Desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión España celebraron la relevancia que este cambio legislativo va a representar en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en especial en lo que atañe al Código Civil.

Aplaudieron el cambio de paradigma que aporta esta reforma legislativa, pero recalcaron la necesidad de dotar de los mecanismos y las herramientas necesarios para garantizar la efectividad de este modelo de provisión de apoyos y garantía de derechos para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En este sentido, hicieron hincapié en la necesidad de formar a los profesionales del poder judicial y de la abogacía en el espíritu de la reforma y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, y reivindicaron la necesidad de dotar de los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios tanto a la administración de justicia como a las entidades de apoyo, para que se pueda garantizar la determinación de los apoyos y su provisión.

Nueva Guía Jurídica

En la misma jornada, la Fundación ONCE, el Consejo General del Notariado, Fundación Aequitas y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) presentaron en la agencia de noticias Servimedia una Guía Jurídica sobre la gran reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que acaba de ver la luz.  El texto tiene una versión extendida y otra en lectura fácil, de la que se han encargado la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión Cantabria.

Esta publicación busca resolver dudas y aclarar el alcance de la nueva legislación, que reforma leyes tan importantes como el Código Civil, la de Jurisdicción Voluntaria, la Ley del Notariado, la de Enjuiciamiento Civil, la ley Hipotecaria y la de Comercio.

En el encuentro participaron representantes de las seis entidades, que coincidieron en destacar la importancia de esta reforma, que adapta el ordenamiento jurídico español al espíritu de la convención de Naciones Unida sobre los derechos de las personas con discapacidad y supone “un “hito histórico”.

Según Enrique Galván, director de  Plena inclusión España, “estamos viviendo una primavera en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Esta reforma derriba un muro de muchos años y pone fin a una situación injusta, como la incapacitación judicial por razón de discapacidad”. Y es que  hasta ahora, las personas incapacitadas perdían la posibilidad de ejercer actos jurídicos y su voluntad era sustituida por la de un representante legal (generalmente un tutor).

Con la reforma, figuras como la tutela o la patria potestad rehabilitada o prorrogada desaparecen para los mayores de edad, y en su lugar se establece un sistema de apoyos individualizados adaptados a las necesidades de cada persona, que le ayuden a expresar su voluntad con libertad y autonomía.

Una mirada distinta, otra forma de trabajar

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchíz, señaló a su vez que la guía intenta “establecer cuáles son los efectos y las posibilidades de la nueva ley”, que implica “una mirada distinta” hacia las personas con discapacidad y "una nueva forma de trabajar para los notarios, abogados y el conjunto de agentes jurídicos”. En concreto, la nueva norma concede “prioridad” a la elección voluntaria de los apoyos por parte de la persona interesada, que podrá acudir al notario para establecer qué tipo de ayuda necesita, para qué actos jurídicos y quién o quiénes la llevarán a cabo. Si hasta ahora los notarios “se inhibían” ante la existencia del tutor, “ahora debemos ser proactivos y actuar para asegurarnos” que la persona con discapacidad "entiende lo que sucede y puede expresar su voluntad”, explica.

Escrita con carácter didáctico a modo de pregunta/respuesta, la guía explica entre otras cuestiones cómo habrán de tomarse a partir de ahora las decisiones referidas a estos apoyos; aclara en qué casos pueden intervenir otras personas y cuándo ha de hacerlo un juez; explica qué sucede con la guarda de hecho, que pasa a reconocerse de forma institucional; resuelve dudas sobre testamentos y gestión de herencias; explica qué sucederá con las sentencias de incapacitación ya dictadas (unas 250.000), entre otros puntos.

Su objetivo es dar respuesta a las preocupaciones e incertidumbres que pueden albergar las familias y otros actores interesados, pero también busca difundir el importante avance en derechos humanos que la nueva legislación implica. Para ello utiliza un lenguaje claro aunque riguroso, y aborda los muy distintos ámbitos en que esta reforma incide.