Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, recogió el galardón

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) entregó el 2 de diciembre el premio cermi.es 2021 en la categoría Institucional al Ministerio de Trabajo y Economía Social por “su determinante impulso político” para lograr, después de décadas de postergación, la ratificación por España de la Carta Social Europea revisada, en julio de 2021.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, recogió el galardón, que tiene como objetivo reconocer públicamente el trabajo de personas, empresas, administraciones y organizaciones para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, ha sido recogido por la  

Según el fallo del jurado la concesión del premio se debe a “su compromiso con la ratificación del texto y también por su protocolo de reclamaciones colectivas, que compromete de modo mucho más exigente a nuestro país con la extensión, realización y protección efectiva de los derechos laborales y sociales, ahondando el carácter de social que según la Constitución es el primer calificativo del Estado español”.

Durante el acto, se hizo entrega de la placa y el diploma acreditativo del premio a la ministra Díaz de la mano del presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez, quien mostró su satisfacción por la ratificación de esta norma, que amplía los derechos sociales que deben garantizarse en el entorno laboral.

Pérez Bueno hizo alusión al concepto de sostenibilidad y a la necesidad de añadir el concepto social en la misma. “La firma de estos tratados permiten avanzar en políticas y legislaciones que hacen extensibles los derechos de las personas con discapacidad y aportan calidad y calidez”, ha manifestado.

Por su parte, Yolanda Díaz agradeció el reconocimiento y recordó la importancia de la Cara Social Europea, que supone “el tratado internacional más relevante en temas de derechos sociales que incorporar un ecosistema que favorece la diversidad, la igualdad y la inclusión”. “Este documento supone un aliado jurídico, pero debemos garantizar su aplicación efectiva”, ha finalizado.