La ONCE se ha adherido al Pacto Digital para la protección de las personas, un gran acuerdo por la convivencia ciudadana en el ámbito digital impulsado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y dirigido a instituciones y empresas públicas y privadas. Este Pacto promueve un compromiso firme con la privacidad en las políticas de sostenibilidad y los modelos de negocio de las organizaciones, haciendo compatible el derecho fundamental a la protección de datos con la innovación, la ética y la competitividad empresarial. Por ello, como corporación de Derecho Público de carácter social, que trabaja por la autonomía personal, la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas ciegas y con baja visión, está plenamente alineada con los objetivos que persigue este Pacto Digital, razón por la que se adhiere al mismo, según Jorge Íniguez (0,61 MB), director general adjunto de Organización, Talento e Innovación y Sostenibilidad de la ONCE.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García, visitaron el pasado 26 de enero las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), para conocer de cerca el cuidadoso trabajo que se lleva a cabo con los perros.

Allí fueron recibidos por la vicepresidenta de Servicios Sociales y Participación de la ONCE, Imelda Fernández, y la directora gerente de la FOPG, María Jesús Varela, con quienes mantuvieron una breve reunión en la que se habló de la futura ley de Bienestar Animal y la importancia de los derechos para que las personas con discapacidad en general y las usuarias de perro guía en particular, puedan seguir accediendo a lugares públicos o de uso público con plena autonomía junto a sus perros. Además se explicó la futura ampliación de las instalaciones de la FOPG situadas en Boadilla del Monte (Madrid) y las posibles vías de colaboración con la administración pública.

La Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han expresado al Gobierno su defensa conjunta de que las indemnizaciones por accidentes de tráfico sigan exentas de tributación en su totalidad. La problemática se ha generado por la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V0677-21, de 23 de marzo de 2021, que interpreta restrictivamente que dentro del concepto legal de daños personales indemnizables quedan fuera los daños patrimoniales.

Según publica el CERMI, las organizaciones representativas del sector asegurador y de las personas con discapacidad han remitido al Ministerio de Justicia una propuesta conjunta de nueva redacción de la Disposición final segunda del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para que el perjuicio patrimonial por accidente de tráfico siga exento de tributación. Esta redacción alternativa busca solventar la problemática surgida a raíz del criterio de Hacienda, que de mantenerse quebraría el principio de reparación integra de las víctimas dado que una parte de la indemnización se destinaría al pago de impuestos.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) -puesta en marcha por Unión Democrática de Pensionistas (UDP), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA9 y la ONCE- solició el pasado 27 de enero una reunión urgente con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; con el ministro de Consumo, Alberto Garzón; con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y con el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, para abordar la exclusión financiera a las personas de la tercera edad.

En un comunicado, la plataforma explica que ha pedido estos encuentros con el objetivo de trasladar su preocupación ante "la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores", causada por el cierre de "miles de sucursales bancarias que se está produciendo desde hace años".

Señala que los cierres "han supuesto muy serias dificultades -en miles y miles de casos, una total imposibilidad- para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones 'online'".