El Congreso de los Diputados realizó el pasado 5 de octubre que los centros de educación especial para alumnos con discapacidad impartan los módulos específicos para que sus estudiantes puedan obtener los títulos de cualificación profesional a través de los programas de transición a la vida adulta que se desarrollan en estos centros.

Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el PSOE y aprobada en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad por 25 votos a favor y 9 en contra.

En ella, se insta al Gobierno a impulsar, junto a las comunidades autónomas, la Formación Profesional específica en los centros de educación especial, a fin de que los alumnos con discapacidad que estudian en ellos puedan acreditar la capacitación profesional conseguida.

Estos centros ofertan Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta, explicó, que les proporcionan ofertas formativas adaptadas al alumnado de Educación Especial y permiten la adquisición de competencias profesionales para las posteriores etapas educativas, formativas o laborales. La cualificación profesional en todos sus niveles contribuye a la elevación y mejora en la calidad de vida de las personas y al fomento del empleo, por lo que cuanto mayor y mejor sea la cualificación de una persona, más posibilidades tendrá de desenvolverse con cierto éxito en su entorno y de, como mínimo, valerse por ella misma.

Tal es la finalidad de los programas de cualificación profesional, conocidos a menudo como programa de transición a la vida adulta, señaló. Según apuntó, estos están pensados para ayudar a los alumnos a salir adelante solos cuando cumplan 21 años aunque no hayan superado la educación básica obligatoria.

Desinstitucionalización y acceso a los bancos

Además pidió al Gobierno seguir aumentando los recursos que promocionan la autonomía de las personas y los servicios de apoyo comunitarios en el contexto de un cambio de modelo de cuidados de larga duración, hasta alcanzar la media europea.

Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el grupo de Unidas Podemos en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas de la Discapacidad, que también exige al Gobierno poner en marcha “de forma inmediata” la estrategia nacional de desinstitucionalización, que aboga por un cambio desde el modelo de grandes centros residenciales hacia un sistema de apoyos personalizados y recursos en la comunidad, para el que demanda financiación.

Y por otro lado, también pidió garantizar que “las entidades bancarias cumplen el Real Decreto 1/2013 que establece el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social en lo que se refiere a la accesibilidad de los cajeros automáticos, tanto fuera como dentro de las oficinas”, y que implantan las medidas necesarias para asegurar el acceso y el uso de estos dispositivos por parte de dicho colectivo.

Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, que también recomienda estudiar el diseño de cajeros automáticos para que cumplan con todos los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.