De esta forma se quiere reconocer y visibilizar el trabajo de todas las entidades del Tercer Sector

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se establece el día 9 de octubre como Día Nacional del Tercer Sector de Acción Social. Este anuncio es un gran “acto simbólico” que “reconoce y contribuye a visibilizar ante el conjunto de la sociedad la labor que las entidades del Tercer Sector realizan a favor del conjunto de la sociedad”.

Así lo ha manifestado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, quien también ha subrayado que “durante estos diez intensos años hemos vivido momentos difíciles y complejos, pero también hemos alcanzado grandes logros, siempre con el objetivo de defender y garantizar los derechos de toda la ciudadanía, especialmente de aquellas personas que todavía no ven garantizados todos sus derechos o que se enfrentan a la pobreza y a la exclusión. Sin duda, esta efeméride va a ayudar a que la sociedad conozca mejor algunas realidades sociales y las acciones que se llevan a cabo desde las entidades del Tercer Sector”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó el pasado 4 de octubre que contará con la ONCE para elaborar la nueva Ley de Accesibilidad de la región, una de las principales novedades en materia de Bienestar Social en lo que resta de legislatura, junto a la Ley de Atención a la Infancia, además de dos estrategias específicas en favor del Pueblo Gitano y otra para luchar contra la soledad no deseada en las personas mayores.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 6 de octubre la Orden del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas del ‘Programa Reina Letizia para la Inclusión’ (0,26 MB), dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad.

La orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras del programa, que se desarrolla a través del Real Patronato sobre Discapacidad, para la concesión de subvenciones con el objetivo de promover e incentivar que las personas con discapacidad que no están accediendo a la formación y la educación puedan superar las barreras que limitan ese acceso.

El Congreso de los Diputados realizó el pasado 5 de octubre que los centros de educación especial para alumnos con discapacidad impartan los módulos específicos para que sus estudiantes puedan obtener los títulos de cualificación profesional a través de los programas de transición a la vida adulta que se desarrollan en estos centros.

Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el PSOE y aprobada en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad por 25 votos a favor y 9 en contra.

En ella, se insta al Gobierno a impulsar, junto a las comunidades autónomas, la Formación Profesional específica en los centros de educación especial, a fin de que los alumnos con discapacidad que estudian en ellos puedan acreditar la capacitación profesional conseguida.