¿Se imaginan algo más necesario para una persona con una discapacidad, la que sea, que poder llamar al servicio de urgencia 112 en un momento delicado y ser atendido? Parecería que estamos hablando de una situación que no puede darse en el mundo civilizado y avanzado de las telecomunicaciones en el que nos toca vivir pero, lamentablemente, esto ocurre hoy, bien avanzado el siglo XXI. De ahí que la normativa que ahora ha aprobado el Gobierno español, y que ha sido muy trabajada, impulsada, solicitada y hasta rogada, si se apuran, por el movimiento de las personas con discapacidad en los últimos años, sea una noticia de tremenda trascendencia. Servicios sanitarios, tecnológicos, bancarios y otros de cualquier tipo tienen obligatoriamente ahora que ser accesibles. Sí o sí. Desde el Grupo Social ONCE llevamos mucho tiempo peleando por ello y lo seguiremos haciendo hasta que sea de verdad efectivo. Hablamos de la transposición aprobada el 31 de octubre pasado en Consejo de Ministros de la normativa europea en este sentido, la conocida como Acta de Europea de Accesibilidad, que obliga a que bienes y servicios sean accesibles para personas con cualquier tipo de discapacidad, lo que es lo mismo que decir 80 millones de europeos, más de 4 millones de personas en España.