¿Se imaginan algo más necesario para una persona con una discapacidad, la que sea, que poder llamar al servicio de urgencia 112 en un momento delicado y ser atendido? Parecería que estamos hablando de una situación que no puede darse en el mundo civilizado y avanzado de las telecomunicaciones en el que nos toca vivir pero, lamentablemente, esto ocurre hoy, bien avanzado el siglo XXI. De ahí que la normativa que ahora ha aprobado el Gobierno español, y que ha sido muy trabajada, impulsada, solicitada y hasta rogada, si se apuran, por el movimiento de las personas con discapacidad en los últimos años, sea una noticia de tremenda trascendencia. Servicios sanitarios, tecnológicos, bancarios y otros de cualquier tipo tienen obligatoriamente ahora que ser accesibles. Sí o sí. Desde el Grupo Social ONCE llevamos mucho tiempo peleando por ello y lo seguiremos haciendo hasta que sea de verdad efectivo. Hablamos de la transposición aprobada el 31 de octubre pasado en Consejo de Ministros de la normativa europea en este sentido, la conocida como Acta de Europea de Accesibilidad, que obliga a que bienes y servicios sean accesibles para personas con cualquier tipo de discapacidad, lo que es lo mismo que decir 80 millones de europeos, más de 4 millones de personas en España.

Hablamos de todos los productos informáticos, las máquinas de facturación, terminales interactivos de información, la gestión de turno o lectores electrónicos tan necesarios como los de las consultas médicas (solo por poner un ejemplo). Y lo mismo para las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, los libros electrónicos o los servicios de comercio electrónico, algo que está al alcance de la ciudadanía en general, pero está vetado a demasiadas personas con discapacidad que ahora tendrán una “agarradera legal” para que se cumplan sus derechos y exigir a los proveedores que fabriquen productos o presten sus servicios bajo las normas de accesibilidad y diseño para todos aprobadas hace ya años por el Parlamento Europeo y que ahora llegan, de forma obligatoria, a la realidad española.

Es sin duda un logro del movimiento de la discapacidad y muy particularmente del Grupo Social ONCE. No olvidemos que contamos con una Fundación ONCE que, entre sus claves de inclusión, señala a la accesibilidad como punta de lanza: de qué sirve tener un empleo o un salario si no puedes salir de casa para acudir a tu puesto o no puedes utilizar el dinero para viajar; si te falta tecnología accesible que te permita realizar determinadas acciones que sí hacen las personas de tu entorno; si, a pesar de tu esfuerzo por contar con un salario, determinados servicios te son vetados por razón de tu discapacidad.

La medida es sin duda histórica y largamente perseguida. Queda ahora que su aplicación, para la que se otorga un tiempo de adaptación a las empresas, sea lo más rápida posible. Trabajaremos por ello para impedir que algún bien o servicio esencial sea accesible a personas con discapacidad que, por delante de meros consumidores, somos personas. Queremos poder reservar un vuelo por Internet o usar un datáfono a la hora de invitar a nuestros amigos a comer; así de habitual y así de sencillo. Estaremos pendientes porque en el cumplimiento de este avance normativo nos jugamos mucho.