El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley para empezar a transponer la directiva europea 

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 llevó al Consejo de Ministros del pasado 31 de octubre la aprobación del anteproyecto de Ley en Materia de Requisitos de Accesibilidad de Determinados Productos y Servicios, que recoge la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, conocida como Acta Europea de Accesibilidad.

Esta normativa obliga a que todos los productos informáticos, las máquinas de facturación o terminales interactivos de información, gestión de turno o lectores electrónicos sean accesibles para personas con discapacidad -80 millones en Europa y más de 4 millones en España-, así como las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, los libros electrónicos y los servicios de comercio electrónico. “Son espacios y servicios que las personas ciegas y con otras discapacidades usamos diariamente, por lo que nos alegra de que por fin esto se lleve a cabo y se cumpla tal y como se recoge en la norma”, manifiesta Carmen Millán (0,68 MB), directora Ejecutiva de Autonomía Personal, Accesibilidad, Tecnología e Innovación de la ONCE y de su Centro de Tiflotecnología e Innovación (CTI).

Además, el teléfono de emergencia 112 será accesible en toda la Unión Europea. Actualmente, las personas con discapacidad, y particularmente las personas sordas, experimentan dificultades en el uso y acceso a los servicios de emergencia a través del 112. En este sentido, en ningún caso será necesario ya un registro o procedimiento previo para que las personas con discapacidad obtengan respuesta a las comunicaciones con el número único europeo de emergencia 112. "Para las personas ciegas y sordociegas usuarias de este servicio será necesario formar a los agentes y profesionales del 112 en cómo atender su llamada de urgencia, además de implementar otras medidas de accesibilidad”, como nos explican Carmen Millán y Luis Palomares (1,22 MB), jefe de la Unidad de Información y Accesibilidad de la ONCE.

Tanto para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como para el Grupo Social ONCE, entidad que junto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lleva años trabajando junto a la administración pública en la transposición de esta directiva europea, resulta imprescindible blindar la accesibilidad en las leyes para que al realizar actividades cotidianas como reservar un vuelo por Internet o usar un datáfono, no se expulse a las personas con discapacidad. Más ahora, por ejemplo, con la progresiva implantación de datáfonos táctiles “que las personas ciegas no podemos utilizar. Nos preocupa mucho que haya a día de hoy una solución para estos terminales que nos impiden algo tan básico e intransferible como introducir el pin de nuestra tarjeta… Estamos trabajando con fabricantes, entidades certificadoras y bancarias para que estos datáfonos tengan alguna solución de accesibilidad”, nos comenta Luis Palomares (1,61 MB).

En cuanto al libro electrónico, el responsable de la Unidad de Información y Accesibilidad de la ONCE anuncia (1,32 MB) que la accesibilidad del mismo habrá de abordarse desde dos perspectivas: la accesibilidad del dispositivo lector, por un lado, y la accesibilidad de del formato de la obra publicada, por otro. 

Proteger y velar por los derechos de las personas con discapacidad

La directiva europea que este anteproyecto de ley transpone establecía unos nuevos requisitos mínimos de accesibilidad en toda la UE para una serie de productos y servicios a disposición del público, con el objetivo de proteger el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior en igualdad de condiciones, estableciendo estándares comunes que protegen además la autonomía en la libre circulación sin discriminación de todas las personas.

No obstante, la Ley, una vez en vigor, establecerá un periodo de adaptación para que fabricantes y empresas produzcan las herramientas y el software necesario bajo parámetros de accesibilidad, de manera que los bienes y servicios sean de acceso universal para toda la ciudadanía. En ello, la labor de todo el Grupo Social, como explica Carmen Millán (1,41 MB), será la de vigilar ese proceso, además de asesorar a empresas y fabricantes para que estos estándares de accesibilidad sean los adecuados desde el origen de su producción.

En definitiva, se trata de una labor ingente, sobre la que, por otro lado, el Grupo Social ONCE ya lleva muchos años trabajando, pero que con la perspectiva que da el periodo de implementación de la Ley, aún se antoja un poco larga, como nos explica Palomares (1,08 MB). 

Derechos Sociales asimismo está ultimando un Real Decreto Ley de Accesibilidad que ampliará servicios y productos que actualmente no se encuentran recogidos en esta directiva. “Toca bienes y productos de muchísimos más ámbitos, incluida la accesibilidad web, accesibilidad al patrimonio... cualquier ámbito de nuestra vida diaria. Y aquí la ONCE está participando en su diseño, con aportaciones junto a todo el sector de la discapacidad,  y velaremos por hacer un seguimiento para que se cumpla”, asegura Carmen Millán (1,00 MB).

Ambas normas se enmarcan en el compromiso del ministerio en desarrollar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y no discriminación a bienes y servicios a disposición del público.

Un compromiso en el que, por descontando la ONCE lleva muchos años de trabajo, que según Luis Palomares (1,21 MB) se intensificó desde la aprobación en 2019 de la directiva europea. 

Para Fefa Álvarez, asesora de Accesibilidad Universal del CERMI, haber iniciado la transposición de la directiva europea es un avance aunque se haya hecho "con muchísimo retraso". En su opinión, aunque la aprobación final tanto de esta norma como de la futura ley española de accesibilidad que afectará a muchos bienes y servicios que no se contemplan en el Acta es "nuestra agarradera legal para exigir que se cumplan nuestros derechos", se hará necesario un seguimiento constante de su cumplimiento, "ya que habrá muchas empresas que no puedan adaptar sus productos, o que no quieran fabricarlos en origen hoy por hoy", afirma (1,42 MB).

En este mismo sentido Álvarez pone el acento en la formación de los profesionales  (1,02 MB)"para que desde su proceso de aprendizaje ya tengan en cuenta todos los parámetros necesarios para conseguir la accesibilidad universal en todos los bienes y servicios". "Revertir una tendencia es muy complicado cuando no se tienen en cuenta los derechos de las personas con discapacidad por encima de los derechos como meros consumidores", apostilla. (1,07 MB)

Mercedes Leal

 La tarjeta financiera en braille de CaixaBank ya está disponible en todas las oficinas del banco en España

Un ejemplo de accesibilidad productos financieros es el que ha puesto en marcha CaixaBank  que ha empezado a ofrecer en todas sus oficinas la tarjeta con código de lectoescritura braille, la primera de estas características que se comercializa en España.

Según detalló el banco el pasado 7 de noviembre, tras finalizar con éxito un proyecto piloto iniciado en mayo con una selección de clientes, la solución, desarrollada en colaboración con ONCE, pasa a comercializarse en toda la red comercial de la entidad, incluyendo así a sus oficinas de toda España. Además, se está trabajando para que esta solución se pueda solicitar también a través de los canales digitales de la entidad.

El lanzamiento comercial de la tarjeta específica con este sistema de lectoescritura para las personas con discapacidad visual ha supuesto también la modificación de todo el proceso de contratación y activación de la tarjeta, para que estos no necesiten de la ayuda de terceras personas en este proceso y puedan realizarlo con todas las garantías de confidencialidad y privacidad.

La entidad ha abierto libremente la contratación de la tarjeta a cualquier persona que lo solicite a través de su red comercial. La pueden realizar tanto nuevos clientes como los que poseen tarjetas de CaixaBank que quieran tenerla adaptada al sistema braille.

Asimismo, la solución se ha extendido a todos los tipos de tarjetas emitidas por CaixaBank Payments & Consumer, la filial de CaixaBank especializada en medios de pago. Esto supone poder disponer en braille de las modalidades de crédito, de débito y de prepago de las marcas presentes en el catálogo de la entidad.

En el momento de activación de la tarjeta, el cliente podrá elegir entre varios canales e independientemente del que elija, se garantiza que lo podrá hacer de forma totalmente autónoma, sin la necesidad de ayuda por parte de terceros y sin tener que compartir sus datos.

Además, también se han hecho desarrollos para que todas las tarjetas en braille se puedan configurar de forma automática y muestren un menú en alto contraste con guiado por voz en modo ‘contactless’ en los cajeros de CaixaBank.

La nueva tarjeta es muy similar en diseño y mantiene las prestaciones de cualquier otra tarjeta emitida por CaixaBank Payments & Consumer, pero con la característica añadida de que la información clave para la realización de compras se indica en sistema braille, con un tipo, tamaño y contraste de letra adecuados para las personas con baja visión.

Los clientes disponen de un pack de dos tarjetas para poder utilizarlas cómodamente en todo tipo de canales. Una de ellas es el formato de tarjeta habitual, con pago ‘contactless’ para realizar pagos en comercios físicos y utilizarla también en cajeros. En estas, la principal diferencia respecto al resto de las tarjetas emitidas por la entidad es que el número identificativo (PAN) se encuentra en código braille, así como un signo que indica el tipo de tarjeta: ‘C’ crédito, ‘D’ débito, ‘P’ prepago y ‘B’ Business.

Además de este formato estándar, los clientes dispondrán de una segunda tarjeta específica para compras por Internet, que sí recoge en este sistema de lectoescritura todos los datos identificativos necesarios en los procesos de comercio electrónico para poder operar sin necesidad de ayuda.