El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha abogado por promover buenas y sólidas políticas públicas de discapacidad en todos los ámbitos, y que, al mismo tiempo, contribuyan a la innovación y a la transformación con el objetivo de mejorar la inclusión y universalizar la discapacidad. Así lo ha puesto de manifiesto  durante el I Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad celebrado del 23 al 25 de noviembre en el Museo Arqueológico de Alicante MARQ, organizado por el CERMI Estatal y el CERMI Comunidad Valenciana, en colaboración con la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana.

El congreso, que cerró el calendario de eventos con los que el CERMI ha celebrado este año su 25 aniversario, reunió a todos los actores de la sociedad, con el objetivo de sentar las bases de unas políticas públicas de discapacidad basadas en derechos y dirigidas a la inclusión. El acto de inauguración contó con la intervención del presidente del CERMI CV, Luis Vañó Gisbert; la vicepresidenta del CERMI Estatal, Manuela Muro Ramos; el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, Yannis Vardakastanis; el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; y Josefina Bueno, consellera de Innovación y Universidades de la Generalitat valenciana.

“Este es un encuentro indispensable que nos ayuda a marcar la dirección y el camino que deben seguir las políticas públicas de discapacidad”, dijo Josefina Bueno (0,42 MB). Y, por su parte, Carlos Mazón expresó (0,65 MB) la necesidad de seguir avanzado en políticas de apoyo a la discapacidad “como lo está haciendo la propia Diputación”.

Tras la apertura del Congreso, tuvo lugar la ponencia inaugural sobre “Configuración y contenidos de las políticas públicas de discapacidad” a cargo del presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez, quien puso el acento (1,12 MB) en aspectos como la sostenibilidad, poder de transformación, y propósito de dichas políticas para que sean realmente efectivas.

Por su parte, la experta del Comité CEDAW de Naciones Unidas y vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez, ofreció otra ponencia  en la que advirtió que el enfoque neutro de las políticas públicas de discapacidad invisibiliza a las mujeres con discapacidad y es un retroceso “que no se puede permitir”, dijo.

También, el doctor en Derecho y profesor titular de la UNED, además de secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo, ofreció otra de las ponencias del congreso, sobre “El marco normativo de la discapacidad como factor de prescripción de las políticas públicas”, en la que manifestó que estas políticas “deben estar empujadas por las fuerzas de la unidad del sector de las personas con discapacidad”. Al tiempo pidió “mecanismos de participación para la vigilancia, seguimiento y evaluación y poder comprobar si de verdad estas políticas públicas de discapacidad llegan a los destinatarios y en qué medida cuantitativa y cualitativa lo hacen”.

"No puede haber políticas públicas sobre discapacidad sin contar con las personas con discapacidad -dijo De Lorenzo (1,45 MB)-. Hay que avanzar hacia un nuevo modelo de alianza público-privada de mayor connivencia".

Bases para una política exigente

A parte de las ponencias congresuales, asuntos como el mantenimiento de políticas activas de empleo y de accesibilidad universal, así como la participación social y política o la reforma del artículo 49 de la Constitución fueron algunos de los temas tratados durante las tres jornadas de debate y trabajo que se cerraron con la presentación, como colofón,  de la denominada Declaración de Alicante “Bases para una política exigente de discapacidad” (0,23 MB), un documento de orientaciones dirigido a consolidar “un modelo de políticas públicas de discapacidad robustas, sostenidas y transformadoras en la esfera europea, nacional y territorial”.

La Declaración se posiciona como un documento imprescindible para analizar la situación de las políticas públicas dirigidas a la inclusión, derechos y bienestar de las personas con discapacidad y de sus familias, y establece como primer punto “políticas que sigan el mandato de la Convención de la ONU de Discapacidad” como el instrumento jurídico que reconoce a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y, por lo tanto, el único marco de referencia para concebir políticas públicas de una forma “exigente y respetuosa”.

En este contexto, la Declaración establece como imperativo “la modificación del artículo 49 de la Constitución Española, para adecuar nuestra Carta Magna a un nuevo constitucionalismo social del siglo XXI”.

El segundo punto de la Declaración de Alicante se centra en el desarrollo de “políticas innovadoras que contribuyen a la transformación social” para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y de las personas con discapacidad, en particular. En este proceso transformador, “hay que tener presente la diversidad” reza el documento, para garantizar el acceso sin restricciones todos los ámbitos de la comunidad.

“Políticas participadas por las personas y los grupos” es el tercer tema que aborda el documento y que hace referencia a que las políticas públicas de discapacidad se creen conjuntamente a partir de “una alianza vigorosa y sostenida en el tiempo con el sector social de la discapacidad” que, garantice el diálogo civil atendiendo a la máxima acuñada desde hace 25 años “nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”.

La cuarta regla pone el foco en “las políticas que permitan pasar de los derechos a los hechos” y garanticen el cumplimiento real y efectivo de los mandatos legales complementado con la exigencia de mecanismos de participación en la vigilancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de discapacidad” plasma en el documento.

En quinto lugar, toma protagonismo “las políticas construidas desde la transparencia” como elemento indispensable para asegurar la calidad democrática de la gestión pública.

El enfoque de género es tratado en el sexto punto bajo la petición de “políticas que tengan rostro de mujer” para combatir el enfoque neutro de género en las políticas de discapacidad e impulsar la perspectiva de género en los derechos de estas.

“Las políticas públicas que partan del conocimiento fiel y actual de la realidad. La gestión de datos con finalidad social” es el asunto acometido por el séptimo apartado de la Declaración de Alicante. En este punto, se consideran imprescindibles contar con indicadores y métricas para “construir políticas públicas certeras y transformadoras”.

El octavo punto propone “políticas públicas objetivo de control judicial” en el que se subraya “la responsabilidad inexcusable en la protección de las personas con discapacidad” de los operadores jurídicos.

El penúltimo punto hace referencia a “las políticas con un nivel de gasto público adecuado, socialmente útil” en el que, según reza el texto, “deben priorizarse claramente las inversiones que transformen los entornos para hacerlos realmente inclusivos”.

El último punto del decálogo aborda “las políticas europeas” en el que se establece que “las políticas públicas de discapacidad deben servir como base para la construcción de una Europa Social, la Europa de las personas”.

“La mejor política pública es la que responde a una necesidad social con capacidad transformadora y que se traduzca en hechos impulsados por la administración”, dijo Jesús Martín (1,24 MB), director general de derechos de las personas con discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el acto de clausura del Congreso, aludiendo al acuerdo con el Grupo Social ONCE, como entidad imprescindible en la mejora y avance de la vida de las personas con discapacidad, y agradeciendo al CERMI su labor por hacer un llamamiento a la administración a seguir diseñando políticas públicas en favor de las personas con discapacidad y sus necesidades.

Martín compartió el acto de clausura junto a la presidenta de CERMI Mujeres, Marta Valencia vicepresidenta 1º de la Diputación de Alicante, Julia Parra; y Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna González.