La Plataforma del Tercer Sector desplegará una estrategia de incidencia para lograr que sus principales reivindicaciones sean incluidas en las propuestas electorales

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a 28.000 entidades sociales, ha definido sus principales líneas de actuación y objetivos de cara a un nuevo año protagonizado por las elecciones municipales, autonómicas y generales y la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

En 2023, con el principal objetivo de defender y garantizar los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, la Plataforma del Tercer Sector influirá de forma directa en el desarrollo y aprobación de leyes clave, buscará que los partidos políticos tengan en cuenta sus propuestas en los procesos electorales previstos, trabajará para aportar un mayor carácter social a la presidencia española del Consejo de la UE y pretende avanzar en la transformación del modelo de financiación del Tercer Sector en nuestro país.

El Ayuntamiento de Madrid destinará 5,4 millones de euros durante 2023, un 3,25% del total de la contratación municipal, a contratos socialmente responsables, es decir, aquellos reservados para organismos que tienen por objeto la integración de personas con discapacidad o en situaciones de exclusión social.

La Junta de Gobierno, a propuesta del Área de Hacienda y Personal, aprobó una iniciativa que afecta al Ayuntamiento de Madrid, los organismos autónomos y el sector público y que incrementa en un cuarto de punto la reserva que se está realizando en el actual ejercicio.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el director regional de Inserta Empleo en Andalucía, Francisco López Aguado, han firmado un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad del municipio, y que establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de programas de formación, captación, derivación, orientación e inclusión de las mismas al mercado laboral, con el objetivo de facilitar su acceso a un empleo de calidad.

También  prevé el diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, con la finalidad de impulsar su incorporación en el mercado laboral y concienciar al tejido empresarial en la apuesta por el talento joven. El convenio también incluye la colaboración con el tejido asociativo de Huelva para que la prestación de servicios a personas con discapacidad se canalice a través de las diferentes asociaciones que las representan.

Considera que esta ley debe servir para ofrecer unos servicios sociales adaptados a la realidad y con enfoque de derechos humanos, accesibles y centrados en la persona

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) celebra el desarrollo de una ley estatal de servicios sociales que sirva para vertebrar y reforzar el sistema de protección social y la creación de un marco legal que permita garantizar una protección social mínima en el conjunto del territorio español. Así lo ha anunciado ante la prevista aprobación del anteproyecto de Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales en el Consejo de Ministros.

Como ha señalado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, “la nueva normativa debe definir el objetivo, función y el bien protegido por los servicios sociales. Este es el aspecto clave de la normativa ya que la falta de definición actual provoca diferencias y distorsiones entre territorios. Con la aprobación de esta norma estaríamos alcanzando una reivindicación histórica del Tercer Sector”.