“Hasta que las mujeres y niñas no vean reconocidos sus derechos no va a haber una democracia plena”. Con estas palabras la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, inauguraba la VII Conferencia Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad, organizada por la Fundación CERMI Mujeres (FCM) y que, bajo el título ‘Por derecho a decidir cómo queremos vivir´, se celebró el 16 de junio en la sala Ernest Lluch del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Belarra declaró que durante esta legislatura “hemos intentado dar pasos firmes que cambien de raíz, para reducir el déficit democrático en la garantía de derechos comenzando con el derecho a decidir”. Al respecto, afirmó que “el lema de este año de la VII Conferencia tiene una gran capacidad democratizadora”.

Asimismo, la ministra recordó que durante esta legislatura “se han prohibido las esterilizaciones forzadas y se ha pedido perdón a sus víctimas”,  y prometió que “por nuestra parte podéis estar seguras de que no vamos a detenernos ni un momento. Vamos a trabajar hasta el último minuto para que toda la normativa y recursos estén a disposición de las personas con discapacidad. También en cuestiones europeas como la tarjeta europea, impulsar la garantía de derecho al voto, y promocionar el año 2024 como el Año Europeo de las mujeres y niñas con discapacidad. Vamos a trabajar dentro del Gobierno con todas nuestras fuerzas hasta el último minuto”. Por último, agradeció el papel de CERMI Mujeres porque “sois un ejemplo de participación en las políticas públicas”.

El acto de inauguración de la jornada contó con la intervención de la presidenta de CERMI Mujeres, Concepción Díaz Robledo quien ha lamentado que, desgraciadamente, “el derecho a decidir, con demasiada frecuencia se ve limitado para las mujeres y niñas con discapacidad como consecuencia de los efectos de la discriminación múltiple e interseccional de factores como la discapacidad, el sexo, el género, la edad, la ruralidad y la situación económica, entre otros. La interrelación de todos estos factores impiden en no pocos casos el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de este derecho tan esencial en la vida de cualquier persona” indicó.

Subrayó que “las normas y los valores culturales pueden restringir negativamente las opciones y el control que tienen las mujeres y las niñas con discapacidad sobre sus sistemas de vida, limitar su autonomía, obligarlas a vivir de una forma determinada, exigirles que obvien sus propias necesidades y, en su lugar, atiendan a las de los demás y hacer que adopten determinadas funciones en el seno de la familia”.

Mesas redondas

La Conferencia constó de dos mesas  redondas y de debate. La primera se celebró bajo el título `Hacia un modelo de cuidados centrado en la persona´,  introducida por la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Ana Isabel Marrades Puig, quien reflexionó sobre la pregunta de cómo queremos (las mujeres) que nos cuiden. 

Esta primera mesa contó con un panel de personas expertas en la materia. En concreto, Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité CRD de Naciones Unidas ha analizado las directrices sobre la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, incluso en situaciones de emergencia; la secretaria de la Comisión de Autonomía personal del CERMI Estatal, Sara Vera Fernández,que expuso el tema de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia quien ha denunciado que “en la Ley no hay una apuesta clara por la desinstitucionalización” y ha evidenciado “la falta de la perspectiva de género en la Ley”.

Por su parte, la coordinadora de CERMI Mujeres, Isabel Caballero  explicó la promoción de la autonomía personas como factor clave para combatir la violencia machista contra las mujeres con discapacidad. “Sabemos que el 10% de las mujeres asesinadas son mujeres con discapacidad acreditada”, dijo, advirtiendo que esa cifra es probablemente más elevada debido a que muchas adquieren la discapacidad precisamente por esa violencia.

La segunda mesa redonda trató el tema de ‘La transición de la atención institucional a la atención comunitaria”, introducido por la asesora del Gabinete de la secretaría de Estado de Derechos Sociales, Berta González Antón. Durante su intervención habló sobre las estrategias estatal de desinstitucionalización de la figura del asistente personal.

En este espacio configurado por un panel de personas expertas se expusieron además varios proyectos de diferentes entidades. En concreto, la responsable del Área de Accesibilidad y Vida Independiente de COCEMFE, Ruth Hernández Arranz presentó el Proyecto Rumbo, un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva desarrollado por COCEMFE; la directora técnica de área de Autonomía Personal y Vida Independiente de PREDIF, Miriam Arnaiz, dió a conocer el proyecto sobre asistencia personal en la atención comunitaria por parte de PREDIF, y la vicepresidenta de Plena Inclusión, Maribel Cáceres, presentó el proyecto 'Mi casa', sobre una vida en comunidad.

El tema de la salud mental y la vida independiente e inclusión en la Comunidad de Castilla y León fue expuesto por la presidenta de Salud Mental de Castilla y León y patrona de laFCM, Elena Briongos,  y el proyecto ‘Cuidamos Contigo’, de aplicación del modelo de atención integral y centrado en las personas en domicilios y entorno de la Fundación PILARES para la Autonomía personal, que fue presentado por la coordinadora del mismo programa Ana García Mendoza.

Testimonios en primera persona

Al filo de la clausura de la jornada, la FCM instó a la desinstitucionalización de las mujeres y niñas con discapacidad, asunto tratado en un tercer y último bloque, moderado por la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez, en el que se hizo una mención especial a la memoria de la activista por los derechos de las mujeres con discapacidad Jolijn Santegoeds y a otras mujeres que son capaces de marcar el rumbo de la defensa de los derechos fundamentalmente de todos. Por ello, se guardó un minuto de silencio por todas esas mujeres y, especialmente, por Jolijn Santegoeds.

En este punto, hubo testimonios en primera persona que enriquecieron el diálogo, como el de Marina Martín, activista feminista sordociega; Carmen Arana, activista feminista con discapacidad física; Samia Benachour, mujer sordomigrante, y Noelia López Aso, mujer con discapacidad física quien vive en zona rural y ha denunciado que vive “una triple discriminación”. Además, deseó que “las políticas públicas se dediquen a que las niñas y mujeres con discapacidad tengan una sociedad más fácil y que el poder legislativo no se quede en papel mojado, que se implique de verdad”.

Por su parte, Marina Martín revindicó la visibilidad de las mujeres con este tipo de condiciones. Tras contar su vida y su lucha, reclamó la existencia de centros especializados y administraciones públicas para apoyar a este colectivo y poder así tener una vida plena e independiente y, en definitiva, un desarrollo integral.

Este panel concluyó con el testimonio de Samia Benachour, mujer y madre sordomigrante quien narrró su situación personal con la vivienda social y declaró que “está contenta con los servicios sociales pero las gestiones de la vivienda social son muy lentas”.

Conclusiones y clausura

Tras los testimonios, el acto de clausura corrió a cargo de la directora del Instituto de las Mujeres, Ana Varela y de la patrona secretaria de CERMI Mujeres y directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino quien manifestó que este tipo de espacios de cogobierno son los que “ayudan a avanzar en la construcción de una agenda inclusiva para las mujeres con discapacidad”. Además, destacó la relevancia del momento europeo que se está viviendo por estar a las puertas del semestre de la Presidencia Española.

Para finalizar, Villarino agradeció a la directora del Instituto de las mujeres “el acompañamiento permanente” con buenos resultados para ambas partes. “Es una alianza que construye inclusión y no podemos avanzar sin ese apoyo” concluyó.

Seguidamente, Ana Varela confesó que desde las políticas de igualdad “tenemos un reto a la hora de apartar esa idea hegemónica cuando hablamos de mujer y políticas de igualdad, y tener así una imagen más diversa”. “Desde el instituto entendemos la necesidad de combatir los problemas a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad y animamos a toda la sociedad a participar y colaborar para derribar barreras” dijo.

Por último, Varela insistió en la idea de que la responsabilidad de las instituciones públicas es “implementar políticas públicas que propicien una integración efectiva”. Para ello, el derecho a decidir es, sin duda y a juicio, “una excelente aportación y marco de análisis para ayudar a combatir estos objetivos”.