Permitirá a 87 millones de europeos con discapacidad, 4 millones en España, ventajas y acceso en igualdad a bienes y servicios en todos los países de la UE

El Grupo Social ONCE aplaude la adopción por parte de la Comisión Europea de la propuesta legislativa para la implantación de una Tarjeta Europea de Discapacidad, y la mejora de la actual Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, las cuales serán reconocidas en toda la UE, aprobada formalmente el pasado 6 de septiembre en Bruselas en la reunión del Colegio de Comisarios.

La Tarjeta es una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030 de la Unión Europea y una de las más esperadas por el movimiento de la discapacidad, en la que ha trabajado de forma intensa el Grupo Social ONCE al lado del Comité Representativo Español de Personas con Discapacidad (CERMI).

"Con esta Tarjeta se logrará un reconocimiento trasversal de la discapacidad en los Estados miembro y se ponen las bases para lograr en su dia la igualdad de acceso a diferentes servicios fuera del propio país”. “Es un paso muy importante hacia una Europa más inclusiva, unida, fuerte y social”, señala el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán (0,70 MB).

En la rueda de prensa posterior a la reunión en la capital europea, la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión, Vera Jourová, y la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, explicaron que la Tarjeta Europea de Discapacidad se implantará a través de una transposición a la legislación nacional de una Directiva europea (previsiblemente a partir de marzo de 2024), cuando finalice su proceso de adopción en las instituciones europeas (Consejo y Parlamento).

Ambas concretaron que se ha realizado un proyecto piloto en ocho estados miembro, calificando de “exitosa” la experiencia. “Es un nuevo empujón a la libertad de circulación porque la fuerza de nuestra Unión se basa en la garantía de que todos los ciudadanos pueden disfrutar y ejercer sus derechos de manera igualitaria”, señaló Dalli (0,56 MB).  

Vera Jourová, explicó por su parte que  cerca de 87 millones de personas con discapacidad viven en la UE y "cada día se enfrentan a retos y barreras" cuando "tienen sus derechos", que "no pueden cambiar cuando cruzan fronteras". "En muchas ocasiones, se encuentran con problemas para desplazarse a otro Estado miembro y eso las desalienta", añadió (0,55 MB).

Jourová subrayó que ambas tarjetas "van a hacer la vida más fácil para este grupo de personas en toda la UE" y añadió que los Estados miembro seguirán siendo los encargados de regular las condiciones para obtener el estatus de discapacidad en cada país.

Libertad de movimientos entre estados

El Grupo Social ONCE destaca que con esta directiva, que debe implantarse en cada país en un plazo máximo de 18 meses, se garantiza la libertad de movimiento de las personas con discapacidad entre todos los Estados miembro y en igualdad de condiciones, sin que por ello se tenga derecho de acceso a las prestaciones sociales de cada país.

Otro de los puntos a subrayar es que la Tarjeta se basa en el reconocimiento mutuo del estatus de discapacidad en cada Estado miembro, lo que demuestra uno de los grandes valores de la Unión Europea que es la confianza en la buena acción de los países.

Esta propuesta facilitará el acceso al derecho a la libre circulación de las personas con discapacidad al garantizar el acceso a condiciones especiales, trato preferente y derechos de estacionamiento en igualdad de condiciones cuando visiten otro Estado miembro.

Respecto a la Tarjeta Europea de Discapacidad, servirá como prueba reconocida de discapacidad en toda la UE y garantizará la igualdad de acceso a condiciones especiales y un trato preferente en los servicios públicos y privados, como el transporte, los eventos culturales, los museos, los centros deportivos y de ocio, y los parques de atracciones. Será expedida por las autoridades nacionales competentes y complementará a las tarjetas o certificados nacionales existentes.

Cuando a una persona no se le reconoce la condición de discapacidad en el extranjero no puede acceder a condiciones especiales y a un trato preferente al visitar otros Estados miembro, como el acceso gratuito o prioritario, las tarifas reducidas o la asistencia personal. Para abordar esta cuestión, la Comisión propone la creación de esta Tarjeta Europea de Discapacidad normalizada.

Tarjeta física y virtual

La Tarjeta tendrá doble formato, tanto físico como digital; cumplirá con todas las estipulaciones del Reglamento General de Protección de Datos europeo; y prestará atención a las medidas contra el fraude. Además, no sustituirá a la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad que será complementaria y regulada por esta misma directiva.

Para facilitar el uso y reducir la carga administrativa, la Directiva propuesta exigirá a los países de la UE que faciliten las tarjetas tanto en versión física como digital, pongan a disposición del público las condiciones y normas para la expedición o retirada de las tarjetas en formatos accesibles, y se aseguren de que los proveedores de servicios ofrezcan información sobre las condiciones especiales y el tratamiento preferencial para las personas con discapacidad en formatos accesibles.

Con el fin de garantizar su cumplimiento, los Estados miembro deben velar por que las personas con discapacidad, sus organizaciones representativas y los organismos públicos pertinentes puedan tomar medidas con arreglo a la legislación nacional en caso necesario. Tras la adopción de la Directiva en el Derecho nacional, la Comisión solicita a los Estados miembro que impongan multas y apliquen medidas correctoras en caso de infracción.

La propuesta del Ejecutivo comunitario se debatirá en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo. Una vez adoptada, los Estados miembros dispondrán de 18 meses para incorporar sus disposiciones a la legislación nacional.

Esta iniciativa de la Comisión Europea se basa en los resultados del proyecto piloto de la Tarjeta Europea de Discapacidad llevado a cabo en ocho países (Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Italia, Malta y Rumanía) entre 2016 y 2018. Además, integra las ideas de una consulta pública reciente, que recogió más de 3.300 respuestas, de las cuales el 78% eran de personas con discapacidad.

La Unión Europea de Ciegos celebra la propuesta

Por su parte, la Unión Europea de Ciegos (EBU) aplaude la propuesta de directiva lanzada por la Comisión Europea, que se fraguó tras varias consultas con partes interesadas, incluidas organizaciones que representan a personas don discapacidad, como es la EBU.

"Esto responde al antiguo llamamiento del movimiento europeo de la discapacidad para ampliar a todos los países de la UE el actual proyecto piloto para el reconocimiento de la discapacidad en ocho países y garantizar la igualdad de trato para las personas con discapacidad que ejercen sus derechos de libre circulación en la UE", indicó el presidente de la EBU, Wolfgang Angermann.

La EBU celebra que el Ejecutivo comunitario apueste por una directiva única que cubra tanto la Tarjeta Europea de Discapacidad como la Tarjeta de Estacionamiento, cada una con sus propios propósitos y criterios de elegibilidad, y que proponga que ambas tengan un formato físico y/o digital a elección de la persona solicitante.

“Sin embargo, estamos decepcionados por la oportunidad perdida de facilitar, más allá de estancias cortas, la transición para que la propia situación de discapacidad sea reevaluada desde cero cuando se traslada permanentemente a otro país de la UE, una cuestión que debería abordarse urgentemente en otro instrumento jurídico”, añade Angermann. Por ello, instó al Parlamento Europeo y a los Estados miembro a que utilicen su examen de la propuesta para preservar los avances que contiene para las personas con discapacidad en la UE, además de mejorar su contenido.

En este mismo sentido, para la vicepresidenta de la EBU, la española Bárbara Martín, "existe un margen de más de un año de tramitación y negociación para mejorarla que, como ya ocurrió en el pasado con otras directivas europeas, como la relativa a la accesibilidad de páginas web, se han visto finalmente ampliadas y mejoradas en la práctica", afirma (0,96 MB).

El Grupo Social ONCE en Europa

En septiembre de 2022 la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, renovó el acuerdo de colaboración con el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, con el propósito de estrechar lazos e institucionalizar la labor que desde hace años desarrolla la entidad española en el ámbito político de las instituciones europeas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 80 millones de ciudadanos europeos con alguna discapacidad.

Desde hace 20 años el Grupo Social ONCE ha afianzado su alianza con las instituciones europeas, convencido de que el empleo es la mejor vía para lograr la plena inclusión social de las personas ciegas y/o con otro tipo de discapacidad, y realizando también una apuesta por el reconocimiento en Europa del juego responsable. Su trabajo se centra en demostrar que las personas con discapacidad contribuyen de manera indiscutible a generar riqueza social y económica tanto a nivel comunitario como nacional.

Su papel en el ámbito político, como actor de la sociedad civil organizada en materia de discapacidad, ha sido crucial en el desarrollo de temas cruciales como el Acta Europea de Accesibilidad, la ratificación del Tratado de Marrakech en la UE, el diseño de la nueva Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030, o la implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito comunitario.