La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó el 6 de marzo que la reforma del despido por incapacidad derivada de una discapacidad sobrevenida, que inicia ya su procedimiento, se produce porque “nuestro país tiene una deuda con las personas con discapacidad que se debe corregir", dijo (0,30 MB). Así lo manifestó en un diálogo organizado por Servimedia y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) bajo el título ‘Los retos y el futuro del trabajo autónomo’, celebrada en el marco del 35º aniversario de Servimedia. Esta era una vieja demanda del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI). Ahora, como anunció Díaz (0,47 MB), “arranca” la tramitación de esa reforma, partiendo de la fase de audiencia e información pública.

Cuando se aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’ y para reforzar la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía, Díaz anunció que se llevaría a cabo una reforma del Estatuto de los Trabajadores para evitar que la norma sea el despido cuando hay una situación de discapacidad sobrevenida en un trabajador y que se prioricen adaptaciones del puesto o el paso a otras funciones si el empleado así lo desea.

Delicada e importante

En su alocución, la titular de Trabajo resaltó (0,50 MB) que para algunas personas se trata de “una reforma pequeña, pero es delicada y muy importante”. Además, puso en valor que unas 106.000 personas con discapacidad se podrán beneficiar de este tipo de medidas, al igual que de decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Trazó un paralelismo entre esta reforma del despido y los derechos de las trabajadoras de hogar, una norma que aprobó el Ministerio de Trabajo en la pasada legislatura. “Digo exactamente lo mismo que he dicho con las trabajadoras del hogar cuando hicimos la norma: me decían que era un colectivo pequeño; y sí lo es, pero durante toda la democracia española hemos vulnerado sus derechos”, argumentó Díaz.

Por ello, la ministra destacó que ahora se va a corregir esta “discriminación” que sufrían las personas con discapacidad sobrevenida, para las que lo habitual es la extinción inmediata del contrato en lugar de priorizar otras opciones como la adaptación del puesto de trabajo o estudiar un cambio de funciones en la empresa.

Apoyo para la iniciativa

Igualmente, pidió a las fuerzas políticas (0,75 MB) plurales del Congreso que acompañen esta iniciativa, porque es fuente de derecho, ya que tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que habla claro sobre lo que tenemos que hacer en esta materia.

Asimismo, explicó que este cambio en el Estatuto de los Trabajadores responde a un mandato constitucional, ya que el texto insta a garantizar la igualdad entre los españoles, mientras que el recién reformado artículo 49 de la Carta Magna insta a los poderes públicos a remover los obstáculos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

En su opinión, el cambio de la regulación del despido que se va a acometer “nos indica que la reforma constitucional que hemos hecho como país del artículo 49 no es una reforma terminológica, sino que es una reforma social en España que conlleva cambios materiales y, por tanto, que afecta a los derechos fundamentales”, dijo. (0,36 MB)

Finalmente, animó a las organizaciones de la discapacidad a participar en el trámite de audiencia pública planteando aspectos de mejora del texto para que la sociedad civil pueda realizar aportaciones antes del próximo 27 de marzo. Del mismo modo, se congratuló de abordar esta cuestión en Torre Ilunion, sede corporativa de las empresas del Grupo Social ONCE, y animó al sector de la discapacidad a plantear mejoras en el trámite de audiencia pública.

“Que participéis, que lo mejoréis, que todo lo que entendáis que debe ser incorporado a la norma pues se haga”, trasladó Díaz a los asistentes al acto enmarcado en el 35º aniversario de Servimedia.

¿Qué cambia con esta reforma?

La redacción original y aún vigente del Estatuto de los Trabajadores considera causa de extinción del contrato de trabajo la declaración de incapacidad permanente en su grado de gran invalidez, absoluta o total sin que sea preciso valorar previamente si es posible o no acometer los ajustes razonables que en cada caso correspondan.

Así las cosas, y atendiendo una vieja demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el ministerio impulsa la reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores con un anteproyecto de ley escueto y sencillo que consta de un único artículo y dos disposiciones adicionales.

De hecho, la propia Díaz anunció que esta reforma se llevaría a cabo de forma “inmediata” y como una “separata” del resto de modificación del Estatuto que su Ministerio quiere acometer en la presente legislatura con el diálogo con sindicatos y patronal. En concreto, con esta norma se elimina del artículo 49 la referencia a la extinción automática por “gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador”, dejando solamente la extinción por “muerte de la persona trabajadora".

Asimismo, incorpora un apartado a dicho artículo del Estatuto de los Trabajadores que condiciona la posibilidad de extinguir el contrato por “declaración de gran invalidez o incapacidad permanente absoluta o total de la persona trabajadora” a que el afectado “solicite que se realicen los ajustes razonables en su puesto de trabajo que le permitan continuar desempeñándolo” o, cuando esto no sea posible -por constituir una carga excesiva-, a que se produzca “el cambio a otro puesto de trabajo vacante compatible con su nueva situación”.

Adicionalmente, la norma explicita el modo en que se puede determinar, a efectos de la salvedad prevista, si la realización de los ajustes razonables constituye una carga excesiva para la empresa. “Para determinar si la carga es excesiva para la empresa se tendrá en cuenta si puede ser paliada en grado suficiente mediante medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los costes financieros y de otro tipo que los ajustes impliquen, en relación con el tamaño y el volumen de negocios de la empresa”, concreta el texto legal.

En declaraciones a Servimedia, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, calificó de “positiva” la iniciativa y agradeció la “celeridad” del Ministerio de Trabajo y de la propia Díaz para realizar esta reforma para “corregir esta discriminación”.

También valoró que, como pedía el Cermi, se “hace pivotar todo sobre la voluntad” del trabajador con discapacidad para abordar el “modelo correcto “ de poder continuar en el puesto de trabajo.

Igualmente, anunció que la entidad realizará propuestas para reforzar el texto, que pasarán por la mejora de la compatibilidad entre pensión y trabajo, si bien Pérez Bueno precisó que es consciente de que es una competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, avisó de que “la misma discriminación” que ahora se va a “corregir” existe en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), por “lo que no tendría sentido actuar en un ámbito” (el empleo privado) y dejar la misma situación en el otro (la función pública). Eso sí, aclaró que se trata, en este caso, de una competencia del Ministerio de Función Pública.