La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó el 6 de marzo que la reforma del despido por incapacidad derivada de una discapacidad sobrevenida, que inicia ya su procedimiento, se produce porque “nuestro país tiene una deuda con las personas con discapacidad que se debe corregir", dijo (0,30 MB). Así lo manifestó en un diálogo organizado por Servimedia y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) bajo el título ‘Los retos y el futuro del trabajo autónomo’, celebrada en el marco del 35º aniversario de Servimedia. Esta era una vieja demanda del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI). Ahora, como anunció Díaz (0,47 MB), “arranca” la tramitación de esa reforma, partiendo de la fase de audiencia e información pública.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, trasladó el 13 de marzo a los Reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, que la reforma del artículo 49 de la Constitución por la que se cambia el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad' "es un hito institucional, político y cívico".

Así se expresó en la audiencia que tuvieron en el Palacio de la Zarzuela con motivo de la primera reforma social de la Constitución Española, la modificación del artículo 49, que renovado integralmente con gran respaldo político y social.

La delegación encabezada por Luis Cayo Pérez estaba compuesta por integrantes del movimiento asociativo de la discapacidad de todas partes de España, entre ellos, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballleda,  que agradecieron "de corazón" que los Reyes hayan querido compartir con ellos un momento tan histórico como la reforma constitucional.

El PP ha registró el 4 de marzo en el Congreso una proposición no de ley que busca que la Cámara inste al Gobierno a aprobar un etiquetado inclusivo y en alfabeto braille "en un plazo máximo de tres meses".

Esta iniciativa nace con el objetivo de materializar el compromiso "incumplido" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la Ley de protección de los consumidores frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

En dicho texto, incorporó una disposición que recoge que "el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos". Se garantizaría con ello "la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables".