El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, denuncia en su informe anual de 2023 que “se producen muchos retrasos en los procedimientos de valoración del grado de discapacidad” y que el número de quejas por este motivo se han triplicado desde 2019.

Presentado el 22 de marzo en el Congreso de los Diputados, el documento constata “retrasos muy acentuados para la primera valoración y la revisión de grado en varias provincias o comunidades autónomas”.

“Tales períodos de espera dan lugar a situaciones muy difíciles para muchas personas que, además de hacer frente a las limitaciones en la vida diaria que les impone su discapacidad, ven obstaculizado y demorado su acceso a diversas prestaciones sociales y ayudas que les pueden resultar imprescindibles”, lamentó Gabilondo.

La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó el 21 de marzo por 17 votos a favor y 19 abstenciones la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la aprobación urgente del desarrollo reglamentario de la Ley 4/2022 para regular el etiquetado inclusivo y en alfabeto braille.

Durante su intervención en defensa de la iniciativa, la portavoz ‘popular’ Violante Tomás subrayó que el 25 de febrero de 2022 se aprobó la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que obliga al etiquetado en braille de los bienes y productos de consumo, y que dicha ley incorpora una disposición adicional sobre etiquetado inclusivo “atendiendo a la demanda del CERMI”.

Como ya hizo en febrero de 2023, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que reclama a la Dirección General de Tráfico (DGT) que compre vehículos adaptados para autoescuelas con el fin de facilitar la obtención del carné de conducir a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Se trata de una iniciativa prácticamente idéntica que los populares presentaron en febrero de 2023, pero esta caducó al no tramitarse a tiempo por el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio. La principal diferencia radica en que el PP quiso entonces que se debatiera y votara en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, y ahora pretende que se tramite en la Comisión sobre Seguridad Vial.

En un esfuerzo por garantizar el acceso igualitario a la justicia, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, a través de la Fundación ICAM Cortina,  la Asociación Liber y la Universidad Rey Juan Carlos han elaborado  la primera Guía paso a paso en lectura fácil destinada a solicitar Asistencia Jurídica Gratuita.

Con el objetivo de acercar la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad, esta iniciativa busca derribar las barreras que a menudo enfrenta este colectivo al intentar acceder a la justicia.