Como ya hizo en febrero de 2023, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que reclama a la Dirección General de Tráfico (DGT) que compre vehículos adaptados para autoescuelas con el fin de facilitar la obtención del carné de conducir a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

Se trata de una iniciativa prácticamente idéntica que los populares presentaron en febrero de 2023, pero esta caducó al no tramitarse a tiempo por el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio. La principal diferencia radica en que el PP quiso entonces que se debatiera y votara en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, y ahora pretende que se tramite en la Comisión sobre Seguridad Vial.

La proposición no de ley, recogida por Servimedia, reclama a la DGT la compra de “un número suficiente de vehículos adaptados para su posterior cesión gratuita” a las escuelas particulares de conductores con el fin de que se utilicen en las clases prácticas que hagan personas con discapacidad que aspiren a obtener el carné de conducir.

Además, el PP propone que jefaturas provincias y locales de tráfico también cuenten con vehículos adaptados para que personas con movilidad reducida hagan el examen práctico para tener el permiso de conducir o para su renovación extraordinaria.

Además, los populares quieren que el Gobierno impulse ayudas económicas para adaptaciones de vehículos comprados por españoles con movilidad, con residencia legal en España y que tengan mayores dificultades económicas, atendiendo a las variables de renta familiar, patrimonio y/o unidad familiar.

Acceso al permiso para conducir

Según el estudio ‘Personas con discapacidad en el acceso al permiso de conducir’, realizado por la Fundación CNAE y la Fundación para la Seguridad Vial con la colaboración de la Fundación ONCE, las personas con discapacidad que nunca han intentado obtener el carné de conducir argumentan que se debe en gran parte a su discapacidad (60,3%), pero también al miedo o dificultades (24,1%), motivos económicos (20,7%), falta o carencia de autoescuelas (13,8 %) o porque no lo necesitan o no les gusta (8%).

Además, más de un 8% de las personas que obtuvieron el permiso de conducir tras su discapacidad se vieron obligadas a poner a disposición de la autoescuela un vehículo adaptado a sus necesidades, algo que no sucede con las personas que utilizan un vehículo ordinario.

El PP apunta que las personas con discapacidad a veces se ven obligadas a desplazarse a otras provincias, por lo que existe “un agravio económico” para recibir la formación vial necesaria antes de obtener el carné.

Según los populares, la DGT ha mitigado “de forma tardía e inapropiada” esta “discriminación” a través de una instrucción del 13 de enero de 2022, que establece un protocolo para permitir el uso de vehículos adaptados cedidos gratuitamente por entidades o asociaciones tanto durante el proceso de formación del aspirante como en la realización de las pruebas prácticas en las jefaturas provinciales de Tráfico.

El PP califica de “cuanto menos inaudito” el hecho de que “el Gobierno confíe exclusivamente en la generosidad y el altruismo de terceras personas, entidades o asociaciones al acceder a la cesión de vehículos para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al permiso de conducir” cuando la DGT tuvo un presupuesto de 979,9 millones de euros para gastar en 2023.

Ascensos honoríficos para militares con discapacidad

Además, el  grupo parlamentario del Partido Popular ha registrado otra proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para su debate en la Comisión de Defensa, con la que pretende instar al Gobierno a eliminar discriminaciones por razón de discapacidad contenidas en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

En el texto de la proposición, el PP persigue que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a seguir cumpliendo con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y adaptar las medidas legislativas, administrativas y de toda otra índole “que sean pertinentes para promover, proteger y asegurar el respeto a la dignidad inherente de las personas con discapacidad y la no discriminación”.

• La vigente Ley 39/2007, de 19 de noviembre fue modificada por la Ley 46/2015, de 14 de octubre, en cuya disposición transitoria decimotercera se recogían los requisitos para la concesión de empleo honorífico a retirados, en línea con una tradición arraigada en las Fuerzas Armadas.

Lo cierto, señala el PP, es lo previsto en el apartado 3 de esta Disposición impide que pueda concederse el ascenso a los militares que, llevando menos de 20 años en la profesión, han pasado a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas no causadas en acto de servicio.

Eliminar requisitos

Por ello, le reclaman al Ejecutivo realizar las modificaciones legales oportunas para erradicar la discriminación por razón de discapacidad advertida en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, eliminando el requisito del apartado tercero de la disposición transitoria decimotercera relativo a los 20 años, así como la diferenciación concerniente al origen de la situación de discapacidad del apartado segundo.

El ascenso al empleo honorífico que corresponda al personal en retiro que no cuente con veinte años de tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de militar profesional no tiene efecto económico ni supone la modificación de la pensión que se percibe como retirado.

Asimismo, desde el PP emplazan al Gobierno a solicitar al Observatorio de la Vida Militar la elaboración de un informe sobre la acomodación o no de las leyes que regulan el estatuto profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007.

De igual modo para que se acomoden al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.