Tal y como marca la Ley 4/2022, que lleva 2 años de demora en su aplicación

Como anticipamos el pasado número, la  Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de marzo la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la aprobación urgente del desarrollo reglamentario de la Ley 4/2022 para regular el etiquetado inclusivo y en alfabeto braille, que lleva ya un retraso de más de dos años en su aplicación. 

“Para nosotros es una norma fundamental y muy esperada" explica Imelda Fernández (0,73 MB), vicepresidenta de Servicios Sociales de la ONCE, "por lo que es muy importante cerrar el contenido del decreto de la ley, en el que se contemplen los requerimientos y pautas a seguir en el etiquetado de los productos en braille, teniendo en cuenta la gran cantidad y diversidad de productos que existen", afirma.

Folleto de la CBE para el etiquetado braille (2,47 MB)

Aprobada el 25 de febrero de 2022, la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que obliga al etiquetado en braille de los bienes y productos de consumo y que incorpora una disposición adicional sobre etiquetado inclusivo, atendiendo a la demanda del CERMI y de la ONCE, lleva pues mucho retraso en su aplicación, ya que aún no ha sido desarrollado el reglamento definitivo que la haga aplicable, por lo que el Consejo de Ministros no ha publicado aún el decreto que ayudará a aplicar esta norma tan importante para las personas ciegas.

Este decreto, fundamental para más de 10.000 personas usuarias del braille a la hora de acudir a los distintos establecimientos comerciales, supermercados o tiendas habituales, y adquirir de forma inequívoca los productos o bienes de consumo cotidiano, debe abundar en que dicho etiquetado aporte toda la información básica del producto como nombre, fabricante o fecha de caducidad con el fin de “ayudar lo mejor posible a las personas con discapacidad visual a ser más autónomas en sus elecciones como consumidoras”.

El etiquetado se traduce pues en “seguridad” para las personas ciegas, que hasta el momento cuentan sólo con la obligatoriedad del braille en el etiquetado de los medicamentos y en los productos de carácter químico, pero como pide la ONCE las necesidades son mucho más amplias.

Y es que para lograr la total autonomía como consumidores, el etiquetado braille debe cumplir con unos requisitos específicos, que como explica la responsable de la ONCE, deben de estar marcados por la Comisión Braille Española como entidad experta en el uso correcto de este sistema de lecto escritura de la personas ciegas: "Por ejemplo, no es lo mismo etiquetar un producto que otro, ya que existen multitud de envases, cartón, vidrio, plásticos, etc.", nos cuenta. (1,05 MB)

Aportaciones de la ONCE

En este punto, Imelda Fernandez apunta que el papel de la ONCE en el desarrollo de este reglamento es crucial. A través de la Comisión Braille Española (CBE), entidad oficial que fija las normas de uso y desarrollo el etiquetado en braille, la Organización lleva años asesorando a las empresas que progresivamente han querido incorporar el braille en sus productos, ayudando y concienciado así a las marcas a que se sumen a esta iniciativa que básicamente aboga por la igualdad de derechos de los consumidores. 

Ahora, la organización ha pedido al gobierno que definitivamente se otorgue a la CBE la categoría de entidad oficial reguladora, encargada de velar por la calidad y corrección del uso del braille en el etiquetado de todos los productos, bienes y servicios; una labor que, como marcará el real decreto, será “crucial” para crear unos códigos que sean de aplicación “homogéneos” en todo el Estado, además de para regular su obligatoriedad en todos los productos y bienes de consumo, comenta Imelda (1,25 MB).

Además del papel de la Comisión Braille Española, la ONCE, junto al CERMI, ha aportado otras consideraciones importantes como, por ejemplo, que en los envases se establezcan códigos QR complementarios al texto braille, que aporten información tan importante como la composición de los productos, su origen, fecha de caducidad o datos de contacto para ejercer sus derechos como clientes o consumidores.

"Hablamos de temas tan importantes como fechas de caducidad, componentes alérgenos e intolerancias, normas específicas de uso y seguridad... Y toda esa información, que si tienen los consumidores sin discapacidad visual, ý que las personas ciegas la podemos obtener a través de estos códigos QR ", afirma la vicepresidenta de la ONCE (0,85 MB).

Tras haber realizado el respectivo trámite de consulta pública para enriquecer el texto, ya se está trabajando en la aprobación del proyecto de este real decreto en coordinación con la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

"Espero que cuanto antes podamos contar con este decreto tan importante para conseguir esa inclusión real de las personas con discapacidad. Y espero que eso se produzca este mismo año, al menos. Eso le pedimos al Gobierno", concluye Imelda Fernández (0,88 MB). 

Mercedes Leal