Durante una comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados junto al presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga

Que la discapacidad sea transversal en todas las políticas públicas; que se eleve el 0,7% al 1% del IRPF para proyectos solidarios; hacer de España el país más accesible del mundo; que las compras de públicas de bienes y servicios contengan una cláusula de inclusión de la discapacidad; que se impulse el uso del QR inclusivo y el etiquetado braille en todos los productos de consumo, bienes y servicios; que se preste más apoyo a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y se incluya la variable de discapacidad en dichas estadísticas; que el marco laboral amplie el ratio de plazas para personas con discapacidad, ya que actualmente dicho marco impide que sólo trabaje una de cuatro personas  con discapacidad; que se mejore el acceso al transporte, incluido el aéreo; que se incluya el QR en las papeletas electorales que permitan el voto accesible y se tramite cuanto antes la tarjeta europea de discapacidad; que las personas con discapacidad puedan compatibilizar el salario con la pensión por incapacidad, y, por último, que RTVE emita los Juegos Paralímpicos.

Estos 11 puntos resumen el listado de peticiones que el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, lanzó el pasado 21 de mayo en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ante representantes de los principales grupos políticos de la cámara baja, al que acudió acompañado por el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, quien, por su parte, reclamó adaptar y mejorar la normativa sobre discapacidad para cumplir con el artículo 49 de la Constitución Española,  que a su juicio “es un hito histórico que representa un punto de partida que tiene que llegar a cada rincón de nuestro país”.

Contribución con sello ONCE

En su comparecencia, Durán destacó la contribución del Grupo Social ONCE “para mejorar la vida de las personas ciegas y sordociegas, así como la de personas con otras discapacidades”. En concreto, hizo una radiografía del Grupo Social ONCE desde su historia, evolución hasta sus planes futuros y destacó su importancia “como el primer empleador del mundo de personas con discapacidad”.

Así mismo señaló las fundaciones que actualmente operan en la entidad, y aprovechó para adelantar “una quinta fundación que se encuentra en proceso de autorización del inicio de actividades”, la Fundación ONCE para la Baja Visión.

De otro lado, recordó los objetivos del Grupo Social ONCE de “promover la plena inclusión social y laboral, fomentar la autonomía personal y la igualdad de oportunidades y actuar como motor de cambio”. Actualmente, explicó, la plantilla asciende a más de 73.000 personas, de las que el 61,6% tienen discapacidad y el 44,4% son mujeres.

En su intervención, remarcó “los 10 años en los que se han creado 101.242 empleos y plazas ocupacionales intermediados por el Grupo Social ONCE para terceras empresas y entidades, de las cuales un 99,7% ha sido destinado para personas con discapacidad y un 44,7% a mujeres”.

En cuanto a la aportación a las arcas públicas destacó que el Grupo destina la cantidad de 567,3 millones de euros al año en cuotas a la Seguridad Social, retenciones, IVA e IRPF.

De otro lado, ensalzó que la ONCE  es un operador de juego responsable seguro y social ya que se busca maximizar el impacto social responsable y no los ingresos. “Estamos adheridos a los Estándares de Juego Responsable promovidos por la Asociación Europea de Loterías (EL), siendo el primer operador que suscribió dichos estándares en España”, manifestó.

En 2022, la aportación directa del sector de juego español al Producto Interior Bruto (PIB) fue de 9.764 millones de euros, lo que supone un 0,73% (0,76% en el año 2021).

Alberto Durán precisó que el Gobierno supervisa y protege la ONCE, a través de un protectorado, que recibe una información muy cuantiosa y de detalle, y está sometida a muchas auditorías. Ofreció datos como que a cada 100 euros recaudados en las ventas de productos de lotería de la ONCE del ejercicio 2023, se les ha dado el siguiente destino: 56,2 euros se han destinado a premios; 23,5 euros se han aplicado a retribuir a los agentes vendedores (canal principal) y a asumir sus cargas sociales. Asimismo, apuntó  que “el 89% se vende a través de nuestro canal propio de los cuales un 1,3 se destina retribuir a otras redes”, y añadió que “de las líneas anteriores ha quedado un margen directo de 20,3 euros”.

De 2019 a 2023, 4.767 agentes vendedores han suscrito un contrato fijo con la ONCE, lo que supone una media de 953 nuevos vendedores con contrato indefinido al año, y también se han suscrito un total de 11.876 contratos temporales (con un mínimo de un año de duración por contrato), con una media de 2.375 al año.

En lo que respecta al perfil del afiliado en el año 2023, afirmó, que “se han incorporado a nuestra institución 3.377 nuevos afiliados (personas ciegas o con deficiencia visual grave), cerrando el año con 70.997 personas en nuestro censo”. Y el censo de afiliados con sordoceguera a 30 de abril era de 3.443 personas (un 4,5% más que en abril del año anterior).

También habló del Observatorio de la Soledad no Deseada y puntualizó que “uno de cada cuatro jóvenes se siente solo. El coste de la soledad no deseada ronda los 14.000 millones de euros anuales”, dijo. Por lo que instó a los grupos a trabajar políticas para luchar cuanto antes contra los problemas de salud mental. 

COMPARECENCIA DE ALBERTO DURÁN

Queiruga pide mejorar la normativa sobre discapacidad 

Por su parte, tras Alberto Durán, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, reclamó adaptar y mejorar la normativa sobre discapacidad para cumplir con el artículo 49 de la Constitución Española, explicando las discriminaciones a las que se tienen que enfrentar a día de hoy las personas con discapacidad física y orgánica, así como las reivindicaciones de la Confederación para avanzar en el ejercicio de los derechos de este grupo social.

Hizo hincapié en que “las prestaciones dirigidas a la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia son residuales en nuestro país. Las personas que mayores apoyos requieren se ven muchas veces obligadas a vivir en un centro residencial, sin tener otras alternativas para escoger cómo quiere desarrollar su vida. Es necesario promover el derecho a la autonomía personal y conseguir la implantación definitiva y efectiva de la asistencia personal en toda España”, dijo.

Asimismo, denunció que “seguimos encontrando barreras cada día en todas las ciudades y pueblos” y defendió que “para que deje de haber 100.000 personas encarceladas en sus casas hay que modificar la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar los límites que establece para realizar obras de accesibilidad en los edificios”.

En cuanto a empleo, "las personas con discapacidad presentamos tasas de empleo, actividad y desempleo que evidencian una discriminación estructural del mercado laboral”, afirmó, al tiempo que reclamaba una nueva Ley de Inclusión Laboral que oriente y refuerce las políticas activas de empleo para personas con discapacidad.

En cuanto a educación, Queiruga argumentó que “la educación inclusiva es la mejor forma de que cada estudiante tenga el mejor desarrollo posible y la única manera de que tengamos un futuro inclusivo” y pidió  “prevenir la institucionalización de la infancia y medidas y apoyos para reducir las sobrecargas familiares”. 

“También hay que conseguir que las actuaciones y políticas en materia de discapacidad tengan en cuenta el género y las políticas de género tengan en cuenta la discapacidad”, enfatizó Queiruga, declarando que “las personas con discapacidad física y orgánica tenemos que ser consideradas por los sistemas públicos de salud como un grupo de interés prioritario y conseguir una equidad territorial real”.

En este aspecto, defendió que “hay que promover la cooperación entre el sistema de servicios sociales, el sistema sanitario y el resto de los sistemas, sobre la base de un modelo sociosanitario integrado e inclusivo. Es imprescindible una aplicación integral del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, la puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país, que actualmente se está cerrando, o tarda tanto en abrirse que está impidiendo acceder a los apoyos”.

Asimismo, explicó que para hacer frente a las discriminaciones que afectan a las personas que viven en las zonas rurales, es necesario “desplegar un plan de movilidad sostenible y accesible, impulsar medidas que favorezcan el acceso a los recursos y garantizar el acceso a una Sanidad Pública digna y de calidad”.

Para finalizar, Queiruga habló de la supervivencia económica de la Confederación: "COCEMFE y nuestras organizaciones estamos sufriendo desde hace tres años una reducción de nuestra financiación, que está incluso poniendo en peligro la supervivencia de muchas de nuestras entidades, con las desastrosas consecuencias que esto tendría para las personas que pertenecen a nuestro grupo social” .

Por ello, exigió un reparto justo y equitativo de los recursos disponibles, a la vez que "un cambio de modelo que proporcione una financiación estable para garantizar la continuidad de nuestra acción y seguir atendiendo a las personas con discapacidad más vulnerables”.

COMPARECENCIA ANXO QUEIRUGA