Durante una comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados junto al presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga

Que la discapacidad sea transversal en todas las políticas públicas; que se eleve el 0,7% al 1% del IRPF para proyectos solidarios; hacer de España el país más accesible del mundo; que las compras de públicas de bienes y servicios contengan una cláusula de inclusión de la discapacidad; que se impulse el uso del QR inclusivo y el etiquetado braille en todos los productos de consumo, bienes y servicios; que se preste más apoyo a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y se incluya la variable de discapacidad en dichas estadísticas; que el marco laboral amplie el ratio de plazas para personas con discapacidad, ya que actualmente dicho marco impide que sólo trabaje una de cuatro personas  con discapacidad; que se mejore el acceso al transporte, incluido el aéreo; que se incluya el QR en las papeletas electorales que permitan el voto accesible y se tramite cuanto antes la tarjeta europea de discapacidad; que las personas con discapacidad puedan compatibilizar el salario con la pensión por incapacidad, y, por último, que RTVE emita los Juegos Paralímpicos.

Estos 11 puntos resumen el listado de peticiones que el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, lanzó el pasado 21 de mayo en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ante representantes de los principales grupos políticos de la cámara baja, al que acudió acompañado por el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, quien, por su parte, reclamó adaptar y mejorar la normativa sobre discapacidad para cumplir con el artículo 49 de la Constitución Española,  que a su juicio “es un hito histórico que representa un punto de partida que tiene que llegar a cada rincón de nuestro país”.

La Fiscalía General del Estado presentó el 14 de mayo la sección Fiscalía Accesible en su página web para permitir el acceso a toda la información a las personas con discapacidad, como via para “cumplir la ley hacer justicia” y no sólo por cuestiones “éticas o morales”.

En el acto estuvo presente el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra; la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez, y representantes de las instituciones vinculadas a la discapacidad que han contribuido a la puesta en marcha de la iniciativa.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció el 28 de mayo que la reforma de la Ley de Discapacidad será aprobada este verano en el Consejo de Ministros a través de un anteproyecto de ley que incluirá también la reforma de la Ley de Dependencia y que pondrá “en el centro” la autonomía personal de las personas que están bajo el amparo de ambas normativas.

Así lo avanzó durante su intervención en el primer pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad en esta legislatura, que presidió, según precisó su departamento en un comunicado.

En lo referido a discapacidad, Pablo Bustinduy destacó que esta reforma legislativa se lleva a cabo para “ajustar” la ley al mandato constitucional que surgió tras la modificación que se hizo del artículo 49 de la Constitución Española a principios de este año 2024.