La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 12 de junio por unanimidad una proposición no de ley en la que pide al Gobierno la realización de un censo de las personas sordociegas en España para “determinar los recursos necesarios” que necesitarán los afectados y sus familias. 

La proposición no de ley aprobada en el Congreso reclama crear un censo de personas afectadas con sordoceguera para "recoger datos precisos" sobre el número de afectados en España, “diferenciando entre quienes padecen sordoceguera desde la infancia y quienes la padecen como consecuencia del proceso de envejecimiento”.

El objetivo es poder comprender la magnitud del problema para poder “determinar los recursos necesarios” que necesitarán las personas con sordoceguera y sus familias.

El Congreso de los Diputados también ha instado al Gobierno a “resolver de manera urgente” los problemas que está generando a las comunidades autónomas la aplicación del nuevo procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Así se decidió en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, que aprobó una proposición no de ley defendida por la diputada Violante Tomás Olivares, del Partido Popular.

Además, dicha proposición aprobada por 19 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, solicita al Gobierno llevar a cabo la “formación completa y especializada” de todo el personal valorador que se dedica a la aplicación e implantación del nuevo procedimiento y sus cuatro baremos, así como de la herramienta informática ‘Baredi’.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha celebrado la Asamblea Ordinaria de Representantes del ejercicio 2024 y la Asamblea Electoral, bajo la presidencia de Luis Cayo Pérez, reelegido para el próximo cuatrienio como presidente del CERMI, en la que se aprobó el Plan de Actuación del año 2024, con sus cinco líneas de referencia: avanzar en la transformación social en la defensa de derechos de las personas con discapacidad y  en la agenda política de la discapacidad en la escala europea; avanzar en la aplicación y seguimiento de la Convención y acomodar las leyes a esta; fortalecer el diálogo civil y fomentar el activismo con iniciativas como la activación en las redes sociales y el primer congreso de juventud que se llevará a cabo en Zaragoza.

El Gobierno de Ayuso quiere garantizar además que se puedan reservar taxis adaptados "con antelación"

La Comunidad de Madrid inició el 12 de junio la tramitación de la nueva ley que adaptará los términos de su normativa sobre discapacidad para eliminar cualquier término peyorativo. Así, aprobará un decreto con idéntica finalidad para cambiar también sus disposiciones reglamentarias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informó en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno ha autorizado a llevar a consulta pública el anteproyecto de ley y el decreto al Portal de Transparencia para que todos los interesados puedan realizar sus aportaciones.

Señaló que están revisando, por el momento, 12 disposiciones legislativas y se van a eliminar las referencias peyorativas para estas personas en todo el cuerpo normativo de la Administración regional como, por ejemplo, en la Ley 1/1986, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid; la Ley 8/1993 en Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas; así como en el Decreto 141/1998 por el que se regulan las ayudas públicas destinadas a la eliminación de barreras y a la promoción de ayudas técnicas.

 El Fondo dispondrá de 400 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Gobierno aprobó el 25 de junio, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la creación del Fondo de Impacto Social (FIS) de 400 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo de impulsar las inversiones que tengan fines sociales y medioambientales.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, aseguró que “las sucesivas crisis de estos años han demostrado que la inversión social es compatible con un crecimiento económico sólido y sostenible, por lo que este Fondo representa la doble dirección de este Gobierno: convertir España en un país más competitivo a la par que protegemos a las personas y reforzamos el escudo social”.

Según informa Servimedia, el objetivo del Gobierno es que todas las iniciativas “tengan un efecto positivo que sea intencionado, cuantificable y medible”. Una de las características del Fondo es su flexibilidad. Según el Ejecutivo, estará abierto “a todas las entidades y organizaciones que quieran presentar proyectos, ya sean empresas, start-up, organizaciones sociales, fundaciones, u otros fondos de inversión que ya existen, con el objetivo de atraer recursos privados adicionales a este modelo de economía”.