El 78 % de las personas LGTBI+ con discapacidad han sufrido acoso en entornos educativos

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) participó en la presentación del estudio “Situación de las personas LGTBI+ en España desde un enfoque interseccional”, organizado por el Ministerio de Igualdad en Madrid. Este informe, pionero en su campo, analiza las barreras que enfrentan las personas LGTBI+ con discapacidad en diversos ámbitos, como la educación, el empleo, la salud y la participación social, y exige respuestas urgentes desde las políticas públicas para garantizar la igualdad y la inclusión.

El informe revela datos preocupantes que requieren atención inmediata. En el ámbito laboral, el 41 % de las personas con discapacidad han sufrido discriminación, en comparación con el 27 % por orientación sexual y el 15 % por identidad de género. En educación, el 78 % de las personas LGTBI+ con discapacidad han sido víctimas de rechazo y acoso, afectando su rendimiento y bienestar emocional. Además, más del 50 % de las personas encuestadas reportaron experiencias de discriminación en espacios de ocio y participación social, alcanzando el 70 % en algunos casos.

Durante el acto, Jesús González Amago, presidente de la Comisión de Diversidades Sexuales (LGTBI+) y Discapacidad del CERMI Estatal, destacó que este estudio es una herramienta esencial para visibilizar y combatir las múltiples formas de discriminación. “Si trabajamos por una sociedad más inclusiva y equitativa, los ‘armarios de la discapacidad’ siguen siendo una barrera que dificulta la igualdad a las personas LGTBI+ con discapacidad”, afirmó. González subrayó que la invisibilización de la sexualidad y los estereotipos sobre las personas con discapacidad agravan estas desigualdades, especialmente en entornos educativos y sociales.

Además, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, reafirmó el compromiso del Gobierno con la igualdad real y efectiva en un momento clave de transformación social. Redondo señaló tres puntos esenciales: la necesidad de ampliar los derechos y libertades en el marco de nuestra democracia, la importancia de combinar los datos con los relatos personales para comprender las realidades humanas, y la urgencia de desarrollar políticas públicas que remuevan los obstáculos hacia la igualdad efectiva. Además, anunció la creación de una autoridad independiente este mismo año, que será responsable de liderar y coordinar las redes institucionales necesarias para garantizar que estas iniciativas se traduzcan en avances tangibles. “Sin recursos económicos suficientes, las transformaciones sociales quedarán en un plano teórico. Debemos actuar con determinación para hacerlas realidad”, afirmó.

Por su parte, Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, calificó este estudio como un “primer paso necesario” para garantizar la no discriminación y el respeto hacia las personas LGTBI+ con discapacidad. “Es esencial aplicar una perspectiva interseccional para comprender y combatir las diferentes formas de opresión, como el capacitismo, el sexismo o la LGTBIfobia”, señaló. Asimismo, hizo un llamado a todas las Administraciones públicas para trabajar de manera coordinada, asegurando que nunca más las personas con discapacidad queden fuera de las políticas públicas.

En la misma línea, Rosa Martínez Rodríguez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, insistió en que este estudio es una herramienta clave para abordar las desigualdades persistentes. “La falta de rigor y la persistencia de mitos son prácticas habituales que debemos combatir con datos y análisis sólidos”, señaló. Martínez subrayó que el artículo 49 de la Constitución debe ser el marco de referencia para garantizar políticas públicas inclusivas y traducirlas en acciones concretas que remuevan los obstáculos hacia la igualdad.