La ONCE y la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE firmaron el 9 de abril  un acuerdo de colaboración para fortalecer la defensa del consumo responsable y la lucha contra el fraude del juego ilegal en la Comunidad andaluza. Suscrito por el delegado territorial de ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles, y el presidente de UCA/UCE, Juan Moreno, en presencia del delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz, prevé poner en marcha un Observatorio y una Comisión de seguimiento contra el juego ilegal en Andalucía y el impulso del Plan de Responsabilidad Social y de Gestión Responsable de Juego.

Informes recientes muestran que Andalucía concentra el 48% del juego ilegal en España (más de 40,3 millones de euros que no tributan), con  1.202 vendedores de estas rifas ilegales, un tercio del total estatal. En tal sentido, Patricio Cárceles pidió una vez más “contundencia a la Junta de Andalucía para acabar con una auténtica explotación de trabajadores que tienen una especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, lo que constituye un fraude para el Estado y para las personas consumidoras y usuarias”.

Accesibilidad a la información

ONCE y UCA-UCE se comprometen además a promover la accesibilidad en el ámbito de la información que afecta a las personas con discapacidad en su condición de consumidoras y usuarias, para tramitar reclamaciones y herramientas propias de la sociedad de la información, y a través la promoción de jornadas y campañas de sensibilización. Cárceles sostuvo que el compromiso por educar en un consumo responsable y solidario es la clave de un futuro personal y colectivo más equitativo y sostenible. “Nos falta información correcta, suficiente y comprensible, nos falta accesibilidad a los entornos, productos, bienes y servicios que ofrece el mercado”, afirmó. En este sentido destacó la escasez de ayudas “para atender el sobrecoste económico de la discapacidad -dijo-, personas con mucha menos capacidad de ahorro en comparación con el resto de consumidores y usuarios”. Por ello reivindicó la vigencia del I Pacto Andaluz  por la Garantía de los Derechos de Consumidores y Usuarios, que establece que “Andalucía no puede dejar atrás a ninguna persona consumidora por razones de insuficiencia de recursos económicos, por su discapacidad o por las dificultades para el acceso a la información”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, como organización integrante de la Plataforma en Defensa del Cupón y del Juego Legal, mostró su máxima preocupación por la creciente actividad en Andalucía de operadores de juego ilegal sin las debidas autorizaciones administrativas. Moreno calificó esta actividad como ilícito penal: “un claro fraude que atenta tanto contra los derechos de los trabajadores y de los consumidores y usuarios, al dar origen a actos de engaño y de confusión que afectan negativa y directamente a las reglas del mercado del juego y a las personas usuarias que en muchas ocasiones se encuentran indefensas a la hora de la posibilidad remota de cobrar sus premios”. Además, destacó el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que animó a perseverar en esa lucha contra el juego ilegal.

Repunte en Málaga

Un crecimiento de hasta un 56 % en los dos últimos años. Este dato arroja el último informe entregado por Patricio Cárceles al delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz, en el que se señala que el impacto del juego ilegal en la provincia de Málaga ha generado un fraude de más de 9,2 millones de euros. Datos que generan una gran preocupación en el seno de la ONCE, y que exigen una actuación urgente por parte de las autoridades de la Comunidad Autónoma.