El pasado 5 de diciembre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía público, mediante un comunicado oficial, la resolución del secretario de Estado de Hacienda de imponer una sanción a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), por importe de 25 millones de euros, “como responsable de una infracción muy grave, establecida en la Ley de Regulación del Juego, al realizar actividades ilícitas de juego”. Aseguraba dicho comunicado que “la OID es una organización de ámbito estatal que imprime, distribuye y comercializa productos de lotería de carácter ilegal en todo el territorio nacional, de forma ambulante, y mediante un portal de internet”.

Nota del Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda le impone una multa de 25 millones de euros, que la ONCE aplaude al tiempo que ofrece su colaboración a las autoridades

La ONCE tuvo conocimiento de esta información a través de la propia nota distribuida por el Ministerio, según explica a “Así Somos” su director general, Jorge Íniguez. Sólo unos días después (el 27 de diciembre) el propio Boletín Oficial del Estado recogía esta resolución ministerial, dando solidez al anuncio de la sanción. Según nos comenta Jorge Íniguez, “desde el primer momento valoramos muy positivamente esta acción. Nos parece un paso muy importante en la lucha contra el juego ilegal, aunque todavía tenemos que ver el alcance real de la resolución”. Para Íniguez la sanción impuesta a la OID desde la Administración Central, en este caso la Dirección General de Ordenación del Juego, debe ser una ejemplo a seguir en los diferentes ámbitos autonómicos y locales (archivo MP3).

La gestión del juego en España exige autorización administrativa previa de los órganos competentes, la Administración General del Estado respecto a los juegos de ámbito estatal, y las Comunidades Autónomas para aquéllos que se circunscriben a su ámbito territorial. A pesar de la prohibición, entidades sin la necesaria autorización venden desde hace años lotería a través de redes minoristas de vendedores que actúan fuera de toda legalidad, muchos de ellos -como es el caso de la OID- utilizando la imagen de la ONCE y valiéndose de sus tradicionales sorteos. Según los datos existentes, a finales de 2013 más de 50 organizaciones de este tipo operaban juego ilegal en toda la geografía estatal, para lo que utilizaban a casi 4.000 personas ejerciendo la venta, y acumulaban unos ingresos globales de 83,9 millones de euros.

La ONCE lamenta y denuncia especialmente cómo estas redes ilegales de juego explotan a muchas personas, la mayoría en riesgo de exclusión social como las personas con discapacidad, de las que se utiliza una imagen lastimera y de beneficencia, explica Íniguez (archivo MP3).  Por este motivo, nuestra Organización ha ofrecido su colaboración para trabajar en esta línea de erradicación de una actividad que atenta directamente contra los derechos de los consumidores. Diariamente, unas 100.000 personas se enfrentan en la calle a una situación de total indefensión ante este tipo de juegos.

Yolanda S. Baglietto